SANTO DOMINGO.- Fueron apresados los administradores de la empresa Barra Payán, señalados por el Ministerio Público como presuntos responsables de un desfalco de aproximadamente RD$40 millones, en perjuicio de la propia sociedad comercial y de sus socios.
Los detenidos fueron identificados como Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera, a quienes este domingo la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le conocerá la solicitud de medida de coerción.
De acuerdo a expediente de la Fiscalía, los imputados tenían a su cargo la administración del negocio y habrían retenido parte de los ingresos generados por las ventas sin depositarlos en las cuentas de la empresa.
Las presuntas irregularidades fueron detectadas tras una auditoría, que reveló diferencias millonarias entre lo vendido y lo reportado, evidenciando un perjuicio económico ocurrido entre 2019 y 2022, afectando a socios de la empresa, incluidos familiares de los imputados.
La fiscal Luz del Carmen Marte, coordinadora del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, depositó la instancia ante el juzgado de Atención Permanente en contra de Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera.
La audiencia de medida fue recesada para las 1:00 de la tarde por la jueza Fátima Veloz, mientras que los imputados se encuentran recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, quienes fueron arrestados el pasado 5 de febrero de 2026.
Alegando que los imputados no cuentan con el arraigo suficiente para garantizar su presencia en el proceso, la Fiscalía solicita al tribunal el pago de una garantía económica de un millón de pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica.
El Ministerio Público califica los hechos como una violación al artículo 408 del Código Penal Dominicano, el cual tipifica el abuso de confianza.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentran el informe de auditoría forense con fecha de mayo de 2025, certificaciones del Registro Mercantil y actas de asambleas donde los imputados ejercían el control administrativo.
Un acta de «No Acuerdo» de junio de 2021, que demuestra que se intentó una solución alternativa antes de judicializar el caso.
