miércoles, febrero 11, 2026
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Proceso de medida de coerción en caso Barra Payán se detiene por recusación de jueza

SANTO DOMINGO.– Se detiene el proceso de medida de coerción en el caso del presunto desfalco en Barra Payán, luego de que fuera recusada la jueza que conoce el expediente.

Por esta razón, los imputados permanecerán detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta que la Corte de Apelación decida sobre el recurso.
Proceso de medida de coerción detenido por recusación judicial

Los tres principales administradores de la cadena de sándwiches y panadería Barra Payán continuarán detenidos, acusados de un presunto fraude de casi 40 millones de pesos, hasta que la Corte de Apelación decida sobre la recusación presentada contra la jueza Fátima Veloz.

La recusación surge luego de que la barra de la defensa de los acusados había planteado un incidente de prescripción de los hechos, según explicó el abogado de uno de los encartados, Francisco Domínguez Abreu, quien afirmó: «Porque en la propia querella, que es desde 2022, los querellantes traen hechos que ocurrieron supuestamente en el 2014, el 2016, 2017. Y para nosotros ese proceso penalmente está prescrito».

Reacciones y solicitudes previas a la suspensión del proceso

La medida de coerción fue suspendida luego de que uno de los abogados de los querellantes recusara a la magistrada durante la audiencia, lo que obligó a paralizar el proceso, situación que fue cuestionada por Francisco Domínguez Abreu, quien expresó:

«Cuando le dan la palabra a uno de los abogados, un terrorista abogado, un terrorista abogado, ese abogado recusa a esa juez porque esa juez se dignó a escuchar un pedimento de prescripción que le planteó la barra de la defensa de los imputados».

Antes de la recusación, el Ministerio Público había solicitado libertad bajo garantía económica a través de una compañía aseguradora de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país para los imputados, solicitud que no fue objetada por los querellantes, explicó el abogado Luis Alberto Arias, al señalar:

«Aquí nunca se ha ventilado un pedimento de prisión preventiva, es importante. O sea, el Ministerio Público practica un arresto en medio de una cuarta vista de conciliación en un proceso donde los encargados nunca se han ausentado…Y hoy en día por cada día que pasa de aplazamiento de estas audiencias, que es la técnica malsana, por así decirlo, y así mismo la magistrada lo reiteró».

Finalmente, Francisco Domínguez Abreu sostuvo que: «Ahora la juez, cuando hay una decisión de un abogado terrorista que plantea que plantea sin fundamento legal una recusación a un juez, el juez está atado de pie y manos para proseguir con el proceso, lo tiene que mandar a las cortes, pero resulta que en el nuevo proceso penal, gracias a Dios, eso es litigación temeraria«.

Ahora, los imputados permanecerán detenidos hasta que la Corte de Apelación decida si la jueza continuará al frente del proceso y se pueda retomar el conocimiento de la medida de coerción.
Acusación del Ministerio Público
La Fiscalía del Distrito Nacional señala que, de acuerdo con un informe de auditoría forense practicado el 10 de mayo de 2025, se detectaron discrepancias significativas entre el dinero reportado por las ventas y los montos depositados en las cuentas de la empresa durante varios años. Según ese peritaje, los administradores habrían distraído fondos y activos por un monto aproximado de RD$39,784,661.18, en perjuicio de los demás socios de la empresa.
Posiciones de la defensa
Los abogados de los imputados han cuestionado la acusación, calificándola como débil o inexistente, y han señalado que el conflicto responde a una disputa societaria y familiar en torno a una participación hereditaria en el negocio, no a un desfalco. Uno de los defensores argumentó que el caso ha estado en un proceso de conciliación durante casi cuatro años sin llegar a un acuerdo definitivo.
La investigación sigue su curso y el tribunal competente deberá decidir sobre la recusación para que se pueda reanudar el conocimiento de las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público.
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