SANTO DOMINGO.– El procurador fiscal, Aurelio Valdez Alcántara, como miembro de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), se dedicaba a solicitar sobornos para alterar el curso de procesos en fase de investigación, a cambio de un beneficio económico directo.
Así consta en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, donde se solicitan 12 meses de prisión contra Valdez Alcántara, quien está imputado de gestionar y recibir US$10,000 de Roberto Canaán, testigo del caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), denominado Cobra.
Fiscal habría recibido el soborno de US$10,000 de testigo del caso SENASA
Roberto Canaán es el testigo número 4 dentro de la solicitud de medida de coerción, en la cual figuran los imputados del caso SENASA (Cobra), con cuyo testimonio se busca probar el mecanismo de influencia interna y el origen ilícito de fondos que caracterizó la gestión de Santiago Hazim, principal imputado del caso.
En el documento se establece que el día 13 de marzo de 2026, el imputado Aurelio Valdez Alcántara concretó un encuentro personal con el testigo Roberto Canaán, realizado en el parqueo de un centro comercial ubicado en la avenida Jiménez Moya, esquina avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.
En ese lugar, Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado, quien utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer una posición de dominio.
La exigencia económica realizada por el imputado se fijó inicialmente en doscientos mil dólares (US$200,000.00), suma que luego redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000.00) tras una negociación. Además, mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 de color negro. El fiscal rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en un modelo de alta gama.
El imputado ejerció coacción continuada contra el testigo Roberto Canaán mediante llamadas telefónicas. Como parte del seguimiento, el 18 de marzo de 2026, presionó con la frase “¿para cuándo está la cosa?” y estableció como fecha límite el 24 de marzo de ese mismo mes.
Para asegurar el cumplimiento, el imputado advirtió al testigo sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno.
El 27 de marzo de 2026, como parte de las diligencias de investigación, se realizó un allanamiento en la residencia del procurador fiscal Valdez Alcántara, ejecutándose su arresto. En ese proceso se llevó a cabo una entrega vigilada del dinero recibido como soborno.
Debido a estos hechos, al imputado se le acusa de dedicarse a recibir sobornos a cambio de alterar el curso de investigaciones bajo su responsabilidad.
Entrega vigilada del dinero
El 27 de marzo de 2026, en horas de la tarde, el imputado Aurelio Valdez Alcántara contactó vía telefónica al testigo Roberto Canaán, indicándole reunirse lo antes posible en la plaza comercial Bella Vista Mall, específicamente en el área de parqueos del cuarto piso, con el objetivo de recibir el pago del soborno exigido.
Durante la labor de seguimiento, se conformó un equipo integrado por miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público, quienes se trasladaron a la plaza ubicada en la avenida Sarasota, sector Bella Vista, Distrito Nacional.
En el lugar, los agentes observaron el vehículo Honda CRV, color crema, placa G428129, presuntamente conducido por el fiscal. Posteriormente, Roberto Canaán abordó el vehículo y permaneció en su interior aproximadamente cinco minutos, momento en el que se habría realizado la entrega del dinero.
Luego, el imputado salió del área de parqueo, siendo seguido por los agentes hasta interceptarlo en las inmediaciones del centro comercial Almacenes Unidos, donde se le ordenó detener el vehículo ante la sospecha de que portaba dinero producto de soborno.
El imputado fue trasladado a la Procuraduría General de la República, donde se realizó la requisa del vehículo en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte. Durante la inspección, se le preguntó si poseía objetos ilícitos, respondiendo que solo tenía un arma de fuego y una tableta institucional.
En el interior del vehículo fue ocupada una cartera azul que contenía un carnet del Ministerio Público, código 19262, a nombre de Aurelio Valdez Alcántara, junto a otras pertenencias.
El imputado entra al Ministerio Público
El imputado Aurelio Valdez Alcántara ingresó a la carrera del Ministerio Público el 25 de julio de 2017, mediante resolución del Consejo Superior del Ministerio Público, emitida el 3 de agosto de ese mismo año.
En 2020 pasó a formar parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), donde participó en la investigación y litigación de diversos casos de corrupción administrativa.
