SANTO DOMINGO.- La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, condenó este martes al comunicador Ángel Martínez a tres meses de prisión suspendida y al pago de una indemnización de RD$2 millones, tras hallarlo culpable de difamación e injuria contra el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio “Gory” Moya.
Como parte de las medidas impuestas por el tribunal, el comunicador tiene impedimento de salida del país y deberá abstenerse de acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la víctima, el diputado Sergio Moya.
Asimismo, deberá permanecer en su domicilio y, en caso de cambio de residencia, notificarlo con antelación al tribunal apoderado del caso. Además, fue condenado al pago de una indemnización de dos millones de pesos.
La jueza advirtió que, de incumplir cualquiera de las condiciones de la prisión suspendida, el imputado deberá cumplir los tres meses de condena en el centro penitenciario Las Parras.
Además, la lectura íntegra del fallo será el miércoles 10 de junio a las 9 de la mañana
La condena fue emitida por violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, relacionados con la difusión de contenido injurioso y difamatorio.
“De 38 casos en mi contra solo me quedan tres. He llegado a acuerdos en 35, pero en este no. Yo le pido perdón al señor Moya”, expresó el comunicador ante el tribunal.
Sin embargo, el diputado Gory Moya rechazó las disculpas, alegando que existen videos recientes donde Ángel Martínez continúa vinculándolo con actividades relacionadas al narcotráfico.
Durante la lectura de la decisión, el tribunal sostuvo que el imputado no presentó pruebas suficientes para sustentar sus declaraciones.
El caso se originó hace seis años, cuando el legislador presentó una querella formal por difamación e injuria ante el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Ángel Martínez enfrenta además otros procesos judiciales por presuntas declaraciones difamatorias, incluyendo una querella interpuesta por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, cuyo expediente ya fue enviado a juicio de fondo.
