WASHINGTON.-El Gobierno de Donald Trump ha revocado las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos y sus familiares por acusaciones de corrupción, incluyendo al fiscal general de Bolivia.
Los beneficiarios afectados son de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, todos países gobernados por líderes de derecha que mantienen relaciones amistosas con Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio, visitó Colombia, Ecuador y Perú este mes y prometió el respaldo de Estados Unidos a sus esfuerzos para combatir el narcotráfico y la trata de personas.
Esos gobiernos se han quejado de que varias de las personas afectadas por las revocaciones de visas estaban obstaculizando sus esfuerzos para combatir el crimen.
El Departamento de Estado anunció las revocaciones este lunes y dijo que forman parte del compromiso de Estados Unidos de defender la gobernabilidad democrática en el hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico.
“Socavar a un Gobierno elegido democráticamente representa una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no será tolerado”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.
Entre los 27 afectados se encuentra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, además de más de 20 fiscales y jueces bolivianos. De ellos, 12 tenían visas vigentes y nueve no podrán obtener una si presentan una solicitud. También fueron afectados dos colombianos —un empresario y un legislador—, dos ecuatorianos y un juez peruano.
Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años en 2024, es acusado de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico. También se le acusa de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia, según los documentos.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo y, al mismo tiempo, socavan las propias instituciones democráticas que Bolivia, como miembro del Escudo de las Américas, está trabajando para fortalecer”, señaló el comunicado.
El Departamento de Estado también ha estado negando permisos para viajar a Estados Unidos como parte de sus medidas para frenar la inmigración o ejercer presión sobre algunos gobiernos. Entre ellas figuran las prohibiciones contra funcionarios sudafricanos acusados de discriminación contra personas blancas y la negativa a emitir visas a la delegación palestina para asistir a la reunión anual de líderes mundiales en las Naciones Unidas.
