El analista Antonio Ledezma examina los retos del Escudo de las Américas, una iniciativa contra el crimen organizado que plantea desafíos de cooperación, soberanía y control democrático.
Se sostiene que la viabilidad del Escudo de las Américas dependerá de que la cooperación contra el narcotráfico y las redes criminales incluya controles judiciales, transparencia, respeto a la soberanía y garantías democráticas.
La viabilidad del Escudo de las Américas, la iniciativa regional promovida por el presidente estadounidense Donald Trump para fortalecer la cooperación contra los carteles y otras organizaciones criminales, depende de algo más que la coordinación militar y policial. Así lo plantea el dirigente venezolano Antonio Ledezma en una columna de opinión publicada este 18 de octubre por El Debate.
En su análisis, el autor sostiene que la alianza podría convertirse en una oportunidad para mejorar la respuesta de los países americanos frente a las economías ilícitas, siempre que sus compromisos se traduzcan en acciones verificables y no se limiten a declaraciones políticas.
Se plantea que la seguridad regional debe combinar el intercambio de inteligencia, la cooperación entre autoridades, el fortalecimiento de la justicia y la persecución de las redes financieras que permiten el funcionamiento de las organizaciones criminales.
Sin embargo, advierte que la efectividad de una estrategia de este tipo también dependerá de sus garantías institucionales, el respeto a los derechos ciudadanos y la capacidad de los gobiernos para evitar que la cooperación sea utilizada con fines políticos.
Una alianza que busca coordinar la lucha contra el crimen organizado
La iniciativa impulsada por Trump fue presentada en una cumbre celebrada el 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida, según reseña Ledezma en su columna.
Entre sus prioridades se encuentran la cooperación regional contra los carteles, el intercambio de información de inteligencia y la coordinación de capacidades para enfrentar estructuras delictivas que operan en más de un país.
El desafío consiste en responder a organizaciones que aprovechan las fronteras y las diferencias entre los sistemas judiciales para mover drogas, lavar dinero y sostener sus actividades ilegales.
Para el autor, una estrategia hemisférica puede contribuir a enfrentar estas redes, pero su eficacia dependerá de la capacidad de los Estados para coordinar operaciones y, al mismo tiempo, mantener controles legales sobre sus actuaciones.
La cooperación, bajo esa perspectiva, no debería medirse únicamente por el número de capturas o las incautaciones reportadas, sino también por la reducción de la violencia, la desarticulación de las estructuras financieras criminales y los resultados judiciales obtenidos.
El Plan Colombia como referencia, pero no como fórmula única
Ledezma utiliza el Plan Colombia como antecedente para examinar los alcances y las limitaciones de la cooperación entre Estados Unidos y los países de América Latina.
El programa se desarrolló desde finales de la década de 1990 con el propósito de fortalecer las capacidades estatales y combatir el narcotráfico, entre otros objetivos. Durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, la cooperación bilateral tuvo un papel importante en la estrategia de seguridad colombiana.
Esa experiencia ofrece elementos que pueden analizarse en el contexto actual, aunque considera que no debe trasladarse automáticamente a otros países con realidades políticas, institucionales y territoriales diferentes.
La situación regional, sostiene, exige abordar no solo las operaciones contra los grupos armados y las redes de narcotráfico, sino también las condiciones que permiten la continuidad de sus actividades.
Entre ellas menciona la corrupción, los mecanismos de protección institucional y las estructuras económicas que facilitan el lavado de activos.
La lucha contra el narcotráfico también exige perseguir el dinero
Uno de los argumentos centrales del análisis es que las operaciones policiales y militares resultan insuficientes si no van acompañadas de investigaciones financieras y judiciales.
El autor plantea que las autoridades deben identificar a los beneficiarios de las economías ilícitas, rastrear los recursos obtenidos mediante actividades criminales y desarticular las redes que facilitan su funcionamiento.
En ese sentido, la cooperación entre países debería incluir intercambio de información, investigaciones coordinadas y mecanismos legales para perseguir el lavado de dinero.
También se refiere a la minería ilegal y al control de actividades económicas en el Arco Minero del Orinoco, en Venezuela, como un ejemplo de los vínculos que pueden existir entre economías ilícitas, grupos criminales y corrupción.
El columnista cita señalamientos de organismos de Naciones Unidas sobre la situación de esa zona para defender que la lucha contra el crimen debe examinar las redes que permiten que esas actividades continúen.
La idea central es que las intervenciones no se limiten a los integrantes visibles de las organizaciones, sino que también investiguen los mecanismos de financiación, protección y distribución de sus ganancias.
Venezuela, uno de los puntos más controvertidos
La situación venezolana ocupa un lugar destacado en la columna. Ledezma considera que cualquier participación del país en una arquitectura regional de seguridad debe estar acompañada de garantías institucionales y compromisos verificables.
El autor cuestiona que una alianza de este tipo pueda ser eficaz si no cuenta con mecanismos confiables para investigar y sancionar posibles vínculos entre funcionarios y actividades criminales.
Estas afirmaciones forman parte de la posición política expresada por Ledezma en su artículo y deben distinguirse de las decisiones judiciales o de las pruebas que puedan existir en casos específicos.
Su planteamiento apunta a que la cooperación regional no dependa exclusivamente de acuerdos entre gobiernos, sino que incorpore controles independientes y procedimientos transparentes.
La confianza entre los países participantes será determinante para que el intercambio de información y la coordinación de operaciones produzcan resultados sostenibles.
Seguridad y democracia: el equilibrio que plantea el análisis
Otro de los ejes de la columna es la necesidad de impedir que las herramientas de seguridad sean utilizadas para perseguir adversarios políticos, periodistas o defensores de derechos humanos.
Se sostiene que una alianza que invoque la defensa de la libertad debe incorporar garantías para protegerla durante sus operaciones.
Esto implica, según el análisis, que la cooperación internacional esté sometida al derecho, la rendición de cuentas y la supervisión de las instituciones competentes.
También advierte sobre los riesgos de concentrar el debate exclusivamente en la respuesta militar, sin considerar la independencia judicial, la transparencia institucional y las condiciones sociales de las comunidades afectadas por la violencia.
La seguridad, en esa perspectiva, requiere tanto capacidad operativa como instituciones que permitan investigar abusos, establecer responsabilidades y proteger los derechos de la población.
Las condiciones económicas y sociales también forman parte del debate
La columna señala que la precariedad laboral, la falta de oportunidades y las dificultades para acceder a servicios esenciales pueden aumentar la vulnerabilidad de determinadas comunidades frente a las economías ilegales.
Se aclara, en su argumentación, que esto no significa equiparar pobreza y delincuencia. Su planteamiento es que los Estados deben evitar que el abandono institucional deje a la población sin alternativas legítimas de desarrollo y protección.
Por esa razón, propone entender la seguridad regional como una agenda que también involucre empleo, justicia, servicios públicos y fortalecimiento institucional.
La cooperación internacional, desde esta perspectiva, tendría que acompañar las operaciones contra las organizaciones criminales con acciones que mejoren las condiciones de vida y reduzcan la vulnerabilidad de los territorios.
¿Qué determinará la viabilidad del Escudo de las Américas?
Concluye que el futuro de la iniciativa dependerá de que los países participantes definan objetivos concretos, mecanismos de evaluación y garantías para el cumplimiento de los compromisos.
Entre los aspectos que considera fundamentales están el respeto a la soberanía nacional, la independencia de la justicia, la transparencia de las operaciones y la obligación de rendir cuentas.
También plantea que los resultados deben evaluarse más allá de las estadísticas operativas, teniendo en cuenta la reducción de la violencia, la capacidad de sancionar a los responsables y la protección de las comunidades.
La iniciativa, por tanto, enfrenta un desafío que combina cooperación internacional, eficacia contra el crimen organizado y respeto por las instituciones democráticas.
No se presenta una evaluación empírica definitiva sobre los resultados de la alianza, sino una reflexión política sobre las condiciones que, a juicio de su autor, permitirían que el Escudo de las Américas cumpla sus objetivos.
