SANTO DOMINGO.-Tras depositar una querella formal contra el director de la Policía Nacional, mayor general Rafael Rodríguez García, por supuestamente “inducir” a miembros del DICRIM a cometer más de 200 homicidios bajo el falso argumento de “intercambios de disparos” un grupo de juristas encabezados por Carlos Balcácer conminó al Ministerio Público a citarlo.
Durante la presentación de la querella, los juristas denunciaron que la institución dirigida por el mayor general Rodríguez García ha incurrido en violaciones graves de los protocolos legales. Sostienen que si se produjeron cientos de supuestos enfrentamientos, “debe existir la misma cantidad de armas de fuego ya sean pistolas o revólveres” debidamente procesadas bajo cadena de custodia para verificar la numeración. Asimismo, resaltan que la policía tampoco acordona ni protocoliza la escena del crimen ni espera por el levantamiento oficial del médico legista, incurriendo con esas acciones en la figura juridica de inducción prevista en el párrafo primero del artículo 3 del nuevo Código Penal.
- Acusación de oportunismo económico: En debates de opinión pública y plataformas ciudadanas, se cuestiona que los juristas estén buscando un beneficio económico o notoriedad pública a costa del dolor de los familiares de presuntos delincuentes abatidos.
- Defensa percibida del crimen: Sectores de la población civil critican el accionar de los abogados argumentando que, al someter a la policía, se termina indirectamente «defendiendo» o amparando las acciones de delincuentes que mantienen en zozobra a los barrios dominicanos.
- Demanda de «mano dura»: Sectores de la sociedad civil afectados por la criminalidad han manifestado un respaldo tácito a los métodos radicales de la policía nacional. Para una parte de la ciudadanía, el uso del polémico «Código 29» (sinónimo callejero de eliminar físicamente a presuntos criminales) es visto como una respuesta necesaria ante la ineficacia del sistema penal tradicional. [1]
- Hartazgo social: La justificación de estos sectores radica en que el proceso judicial común suele dejar libres con rapidez a los delincuentes, por lo que ven los denominados «intercambios de disparos» como la única vía efectiva de frenar los asaltos y la violencia en las calles.
- Debate en medios: Analistas políticos y comunicadores en programas de debate nacional han señalado que, si bien la querella tiene un sustento legal legítimo en cuanto al respeto de los derechos humanos y el debido proceso, la realidad social del país presiona a las autoridades para que prioricen la seguridad pública inmediata sobre las garantías judiciales de los criminales.
- Uso político de la situación: Se critica que el debate en torno a las muertes y la querella esté siendo utilizado por diferentes partidos u organizaciones como una «cortina de humo» para atacar la gestión de la reforma policial del gobierno actual, en lugar de buscar soluciones estructurales al crimen organizado.
Los querellantes indican que si son ciertos los intercambios de disparos “ debe existir la misma cantidad de armas de fuego (pistolas o revólveres procesadas bajo cadena de custodia para verificar su numeración”.
Resaltan que en esos hechos “la policía no acordona ni protocoliza la escena ni espera por el levantamiento oficial del médico legista” a diferencia de otros casos de violencia.
Como evidencia concreta, los juristas señalaron el caso Aneury Santiago Cabrera (Lucifer, muerto a manos de la Policía el 13 de octubre en curso en el Ensanche La Paz de esta capital. Indicaron que en los registros de video de la cámara oeste se observa cómo, tras colocar el cadáver en una camioneta, dos agentes en motocicleta de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) recogieron los casquillos del lugar para ocultar las huellas del crimen y el origen real de las armas.
“Y eso lo hace la policía para huirle a la verdadera realidad vivida en esos homicidios”, enfatizó Balcácer junto a los abogados Cándido Simón, Manuel Sierra, Enrique Vallejo Garib, Ibo Rene Sánchez, Valentín Medrano y Guarionex Ventura previo al depósito de la querella en la Fiscalía.
