Por Marino Luis Chalas Tejeda (Cedeño)
La Policía Nacional de la República Dominicana atraviesa desde hace algunos años un proceso de transformación y profesionalización, impulsado por el presidente Luis Abinader y el entonces ministro de Interior, Jesús Vásquez Martínez. Estas reformas han buscado fortalecer el accionar preventivo y dignificar a los miembros de la institución. Sin embargo, esos esfuerzos han sido infrutíferos, a decer de la persistencia de denuncias por ejecuciones sumarias y abusos policiales revela un problema estructural y profundamente arraigado en el cuerpo policial.
Ejecuciones extrajudiciales y abusos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha denunciado reiteradamente violaciones cometidas por agentes de seguridad del Estado, en especial de la Policía Nacional. Estos hechos, calificados como ejecuciones extrajudiciales, evidencian graves deficiencias en el sistema de justicia y la debilidad institucional que arrastra el país desde hace décadas.
En la práctica, muchos de los llamados “intercambios de disparos” reportados por la Policía son percibidos por la ciudadanía como ejecuciones sumarias contra jóvenes sospechosos de delitos, sin que medie la acción de un tribunal. La falta de confianza en las versiones oficiales refuerza la idea de que la Policía actúa como una máquina de matar, con el consentimiento del Poder Ejecutivo, la Procuraduría General y la pasividad del poder judicial.
Reformas y medidas oficiales
El gobierno ha implementado varias iniciativas en busca de modernizar y mejorar la institución:
- Capacitación y educación: 500 agentes han recibido formación en derechos humanos y relaciones humanas mediante acuerdos académicos.
- Tecnología y transparencia: instalación de cámaras de vigilancia en 339 unidades patrulleras y cámaras corporales en 270 patrullas de Santo Domingo Oeste.
- Infraestructura: construcción de 100 destacamentos policiales modernos en todo el país.
- Dignificación policial: aumento salarial, ascensos para 9,765 miembros, así como acceso a programas de vivienda y salud de calidad.
Aunque estos esfuerzos son visibles, no han logrado frenar la práctica sistemática de los abusos policiales ni las muertes extrajudiciales.
Un problema histórico
Desde hace más de 40 años, la Policía Nacional ha estado vinculada a la muerte de ciudadanos sin que hasta hoy se haya llevado a juicio a un comandante o director general por estos crímenes. Se trata de un patrón que ha trascendido gobiernos y administraciones, manteniendo la impunidad como norma.
Recientemente, el clamor social volvió a intensificarse cuando una diputada rompió en llanto en el Congreso Nacional al denunciar el asesinato de cinco jóvenes a manos de una patrulla. Este hecho no fue aislado, sino parte de una larga cadena de reclamos donde congresistas y ciudadanos han exigido el fin de estas prácticas represivas, y criminales.
En conclusión, la realidad es que, pese a los intentos de modernización que han anunciado varios gobiernos, la Policía Nacional continúa siendo percibida por gran parte de la población como un cuerpo al servicio del gobierno y no del pueblo. Una institución que en lugar de proteger y servir, atropella, tortura y asesina, utilizando incluso armas y recursos que son financiados con los impuestos de la ciudadanía.
Por ello, la verdadera reforma que la República Dominicana necesita no es cosmética, sino estructural: no se trata de arreglar la actual Policía Nacional, sino de desmantelarla y crear una nueva institución policial al servicio del pueblo y respetuosa de los derechos humanos, no me canso de decirlo.
Extraído del digital TROPICO INFORMATIVO
