WASHINGTON. -El presidente, Donald Trump, ha declarado como “combatientes ilegales” a los cárteles de la droga y ha afirmado que Estados Unidos está ahora en un “conflicto armado no internacional”, según un memorando de su Gobierno obtenido el jueves por The Associated Press, que se conoce semanas después de que Estados Unidos destruyera varias embarcaciones en el Caribe.
Un funcionario que habló con la agencia bajo la condición de mantener su anonimato dijo que el documento con la designación por parte del Pentágono fue enviada al Congreso el miércoles.
El memorando enviado a congresistas surge después de que la Administración Trump hundió con tres ataques aéreos una serie de barcazas en el Caribe porque, según dijo sin dar evidencia, a bordo iban drogas y supuestos narcotraficantes. Al menos dos de esas lanchas eran de origen venezolano. Además, Estados Unidos ha estado reforzando sus fuerzas marítimas en el Caribe.
«Aunque naciones amigas han tomado acciones significativas para combatir a estas organizaciones, con pérdidas significativas de vidas, estos grupos ahora son trasnacionales y realizan ataques en todo el hemisferio occidental a modo de cárteles organizados», según dice el memorando.
«Por tanto el presidente determinó que estos cárteles son grupos armados no estatales, los designó como organizaciones terroristas, y ha determinado que sus acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos», dice la misiva.
Sin embargo, el Gobierno federal mediante el Pentágono no aclaró en el documento contra cuáles organizaciones es que se estará librando el “conflicto armado”, lo que ha generado mucha frustración entre los congresistas que recibieron el aviso, según dijo la fuente.
La fuente dijo que lo establecido en el memorando y durante una reunión de legisladores con el Pentágono respecto a este supuesto «conflicto armado» ha generado preocupaciones entre algunos congresistas de que el Gobierno federal pretende establecer un marco presuntamente legal para realizar acciones armadas en contra de diferentes grupos sin tener que contar con el aval constitucional del Congreso.
Varios legisladores le han pedido a Trump que acuda ante el Congreso para realmente pedir poderes de guerra si pretende seguir con estos ataques.
La Casa Blanca no se ha pronunciado públicamente al respecto hasta el momento ni ha respondido a solicitudes para hacer comentarios enviadas por parte de diferentes medios.
El primer ataque contra una lancha en el Caribe fue el 2 de septiembre y murieron 11 personas, que no han sido identificadas como para saber si eran «combatientes». Trump aseguró que la lancha había sido operada por el Tren de Aragua, uno de los grupos de delincuencia organizada que su Gobierno ha calificado como «terroristas».
La Casa Blanca asegura que se trató de un caso de presunta autodefensa y que los ataques contra las barcazas fueron para evitar más muertes por sobredosis de fentanilo. Sin embargo, informes especializados de agencias federales indican que la mayoría del fentanilo que consumen los estadounidenses proviene de grupos que operan desde México o China, no de Venezuela de donde se originaron las lanchas atacadas.
Varios legisladores tanto republicanos como demócratas, así como grupos de defensa de los derechos civiles, han puesto en tela de duda si estos ataques durante septiembre fueron legales.
Al aseverar mediante el memorando y la reunión con gente del Pentágono que todo es parte de un «conflicto armado», Trump estaría intentando atribuirse poderes extraordinarios que se otorgan al ejecutivo en situaciones de guerra, aparentemente para justificar sus acciones.
El senador por Rhode Island Jack Reed, el principal demócrata en la Comisión de Asuntos sobre las Fuerzas Armadas en el Capitolio, ha dicho en el pasado que los cárteles del narcotráfico sí son «despreciables» y que se debe lidiar con ellos.
Sin embargo, Reed dijo que «el Gobierno de Trump no ha ofrecido justificación legal creíble ni evidencia ni informes de inteligencia que respalden estos ataques». Reed fue miembro de la 82a división aérea del Ejército.
En efecto, la Administración Trump no ha dado ninguna explicación sobre qué reportes ni datos usó para determinar que las lanchas atacadas en el Caribe realmente portaban drogas ni cuál era la identidad de los pasajeros como para estar seguros de que tenían alguna afiliación criminal.
