SANTO DOMINGO. -El comunicador y detective Ángel Martínez tiene, al menos, cuatro procesos judiciales que enfrenta, como los que involucran a Faride Raful y a la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros Decamps Germán, con medidas de coerción vigentes, incluyendo impedimento de salida y uso de grillete electrónico, por lo que no puede salir del territorio dominicano, y les impiden hacerse sus chequos médicos.
Entre denuncias y denuncias de las violaciones de sus derechos el YouTuber se ha mantenido muy activo en las redes sociales desde su detención hace cuatro meses.
Ahora enfrenta una nueva demanda del empresario haitiano Gilbert Bigio, acusado por Estados Unidos y Canadá de tener vínculos con el terrorismo de su país.
Martínez denunció que ha sido citado para el próximo 16 del presente mes, tras haber repetido declaraciones de los gobiernos norteamericano y canadiense que calificaban a Bigio como “terrorista internacional”.
“Yo no inventé nada, solo repetí lo que dijeron Washington y Ottawa”, sostuvo Martínez.
El caso, que roza lo absurdo, deja mal parada a la justicia dominicana, que parece actuar con ligereza o servilismo, olvidando que el comunicador solo reprodujo denuncias oficiales de dos potencias.
Quizás —dicen algunos observadores— Estados Unidos ya soltó en banda una de sus piezas de ajedrez político.
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La Fiscalía, a través de la Cancillería, dispone de los mecanismos para comprobar si Martínez solo citó fuentes oficiales o si se excedió de entusiasmo.
Canadá y EE.UU.
Canadá impuso en diciembre de 2022 sanciones contra tres prominentes miembros de la élite económica de Haití -Gilbert Bigio, Reynold Deeb y Sherif Abdallah- acusándolos de proporcionar apoyo financiero y logístico a bandas armadas que operan en el país. Ottawa congeló sus activos locales y prohibió que individuos o entidades canadienses les prestaran servicios. Gobierno de Canadá+2Gobierno de Canadá+2
Según Reuters (EE. UU.), el gobierno canadiense justificó la medida señalando que estos individuos “usan su estatus como miembros destacados de la élite económica haitiana para proteger y habilitar las actividades ilícitas de bandas criminales armadas, incluyendo lavado de dinero y otros actos de corrupción”.
Si alguien quiere negarlo, que lo diga con bases: los registros oficiales de Canadá lo documentan públicamente.
El 2 de mayo de 2025, Estados Unidos designó oficialmente a varias pandillas criminales haitianas como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales, afirmando que “la era de la impunidad para quienes fomentan la violencia en Haití ha llegado a su fin”.(Fuente: Departamento de Estado de EE. UU.)
Ahora bien, ¿no fue Canadá quien, dos años antes, acusó al empresario haitiano Gilbert Bigio y a otros miembros de la élite económica de financiar a esas mismas pandillas que Washington ahora cataloga como terroristas?
