Como si los escándalos y los ruidos en el gobierno del cambio no fueran suficientes.
Desde sus inicios han existido denuncias de situaciones que han embarrado la gestión que realiza el Gobierno del presidente Luis Abinader, al menos se han conocido nueve grandes escándalos de mala administración y corrupción en instituciones públicas, que en algunos casos han terminado con la destitución de funcionarios, y ninguna sanción para los involucrados en el robo del erario público, a pese a tener una Justicia «independiente».
Solo la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, reveló en el 2024 que desde esa entidad han depositado 46 casos de corrupción que se han presentado durante la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante el Ministerio Público.
El último caso de corrupción administrativa salió a la luz hace varias semanas, cuando el propio gobierno anunció que presentó un informe ante la Procuraduría General de la República que contiene grandes irregularidades en el Seguro Nacional de Salud, para que realicen las investigaciones pertinentes, a la par de unas series de reportajes de investigación que revelan el mayor escándalo de corrupción, que dicen que supera el caso de Baninter y no pasa nada.
Se trata de la administración de Santiago Hazim al frente Senasa, y diversos contratos para la adquisición de medicamentos, gestionar la atención primaria, entre otros.
Aunque el Gobierno no ha especificado los hallazgos encontrados en su investigación, varios reportajes señalan, que desde el 2020 a la fecha el Gobierno paga, en al menos un contrato, más de 65 millones de pesos mensuales, sin la necesidad de que se ofreciera el servicio para atención primaria.
Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia, que los hechos comprometen miles de millones de pesos y ponen en peligro la cobertura médica de más de 7. 5 millones de afiliados.
Miguel Surún Hernández, representante de las organizaciones querellantes, afirmó que el expediente detalla una presunta sustracción fraudulenta de aproximadamente RD$9,059 millones, a través de un entramado que simulaba prestaciones médicas y farmacéuticas ficticias, además de contrataciones irregulares de servicios de atención primaria.
Estos grandes fraudes también contienen un “call center paralelo” que gestionaba las autorizaciones a favor de empleados y no pasa nada, todo se ha quedado en denuncias y querellas.
Pero, al parecer al mandatario los escándalos en su administración no le quita el sueño, y aunque asegura; :“Yo tengo muchos amigos, pero no cómplices”, la realidad parece ser otra.
El presidente de la República, Luis Abinader, designó al mayor general (r) Jaime Marte Martínez como cónsul general de la República Dominicana en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, mediante el Decreto 573-25, fechado el 1 de octubre y emitido oficialmente el lunes 20.
La disposición forma parte de una serie de nombramientos consulares y diplomáticos realizados por el Poder Ejecutivo. En el mismo decreto también fueron designados Julio César Mateo Báez como cónsul general en Saint John (Antigua y Barbuda); Omara Josiel Corporán Castillo, en Chicago (Estados Unidos), y Elías de Jesús Brache Rivas, como representante alterno ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
El exjefe de la Policía Nacional Jaime Marte Martínez, designado el 4 de enero del 2021 como presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), fue sometido a la justicia junto a otros 59 oficiales por el uso indebido de vehículos robados y recuperados por la institución del orden.
El caso se remonta entre los años 2004 y 2006, después de que Marte Martínez terminara su gestión frente a la uniformada, de la cual fue encargado desde el 8 de enero de 2002 al 16 de agosto de 2004, últimos años del gobierno de Hipólito Mejía, en sustitución de Pedro de Jesús Candelier.
Marte Martínez negó en ese entonces que durante su gestión asignó a ningún subalterno ni cargó vehículos robados que fueron recuperados.
El inicio de su gestión estuvo marcado además del escándalos que lo vincularon con la apropiación de vehículos robados que habían sido recuperados por la Policía Nacional, el desfalco por sustracción, asociación de malhechores e incluso “tortura” contra un joven apresado en el sector Capotillo, de acuerdo a reportes periodísticos de la fecha.
En el documento, la Fiscalía del Distrito Nacional alegó que los involucrados fueron “negligentes” en devolverle los vehículos a sus dueños, y señaló que en muchos casos el supuesto retorno de los vehículos era registrado en el sistema de cómputos del Departamento de Investigaciones de Vehículos Robados, sin embargo, esto nunca se efectuaba.
“Estas circunstancias permitían que los oficiales y demás usuarios permanecieran en uso prolongado de los vehículos, (…) desde el punto de vista de la depreciación, el lucro cesante y en muchos casos la imposibilidad de adquirir otro vehículo”, añadió la Fiscalía en la instancia.
Pasados cuatro meses, el 19 de agosto del mismo año, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional envió a juicio a Marte Martínez y a otros 32 oficiales activos y en retiro involucrados en el caso.
Según la Corte, la acusación presentada por la fiscalía tenía “fundamentos insuficientes” para emitir una condena por desfalco por sustracción o apropiación de más de cien vehículos robados que fueron recuperados, por lo que fue descargado junto a los demás imputados.
Acusado de acto de tortura
El 16 de abril de 2002 el joven apresado José Vásquez Castro presentó a través de su abogado Napoleón Marte Cruz una querella contra el exjefe de la Policía, donde lo acusó de que durante su gestión se cometió un acto de tortura en su contra.
A través de una publicación en el Listín Diario el periodista Ramón Benzán constató que “en la instancia de sometimiento el abogado alega que el jefe de la Policía tiene conocimiento de las acciones vandálicas y criminales que cometen los miembros de la institución en los barrios con los jóvenes apresados”.
Más de Marte Martínez
El recién nombrado cónsul general en Caracas por el presidente Abinader ocupó los cargos también de general de brigada de la Policía Nacional y director regional en el Cibao Central con sede en Santiago de los Caballeros.
En el ámbito académico posee licenciatura y maestría en Derecho Empresarial de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y ha realizado cursos sobre derechos humanos.
«Estamos conscientes de la importancia de esta asignación, por lo que trabajaremos para no defraudar la confianza depositada por el presidente de la República, Luis Abinader», expresó el entonces titular del CND durante su juramentación. Asimismo, manifestó su firme interés en impulsar valores positivos en la sociedad dominicana mediante políticas y estrategias integrales para contrarrestar el consumo y el tráfico de drogas.
Nombrado mediante el Decreto 739-20, Marte Martínez asumió el compromiso de dar fiel seguimiento al programa de gobierno en materia de seguridad y prevención, promoviendo el trabajo conjunto entre instituciones públicas y privadas. Sustituyó en esas funciones al Mayor General (R) Dr. Rafael Guerrero Peralta, y durante su gestión impulsó programas educativos, comunitarios y de sensibilización sobre el uso indebido de drogas.
Consulado cerrado desde julio de 2024
La designación de Marte Martínez como cónsul general en Caracas se produce en un contexto diplomático particular, ya que el Consulado General de la República Dominicana en Venezuela sigue cerrado desde el 30 de julio de 2024, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).
Se recuerda que el Gobierno de Nicolás Maduro dispuso la retirada de los representantes de República Dominicana, Panamá, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, después de que sus dirigentes manifestaran su profunda preocupación por el desarrollo de los comicios presidenciales y exigieran la revisión de los resultados, que, según el Consejo Nacional Electoral venezolano, dan como ganador actual mandatario con el 51,2 % de los votos, algo que niega la oposición.
