SANTO DOMINGO.– El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó el lunes un acuerdo de criterio de oportunidad a favor de Maxy Gerardo Montilla Sierra y once empresas vinculadas, mediante el cual quedan extinguidas las acciones penales por actos de corrupción, soborno, estafa y lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano y de las distribuidoras eléctricas EdeEste, EdeSur y EdeNorte.
Además, Montilla y su entramado empresarial deberán pagar RD$431,816,307 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y ceder al Estado un inmueble ubicado en la avenida Roberto Pastoriza, en el sector Naco, valorado en RD$50.9 millones.
Con esta decisión, se materializa uno de los decomisos más significativos alcanzados en casos de corrupción en República Dominicana.
Compensación económica y decomisos
El acuerdo establece:
Decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
Pago de RD$600 millones a Edeeste, Edesur y Edenorte como indemnización por los perjuicios alegados.
Pago de RD$431,816,307 en impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Decomiso de un inmueble ubicado en la avenida Roberto Pastoriza, sector Naco, valorado en RD$50,901,692.
Disolución de empresas
El acuerdo también ordena la disolución programada en un plazo de dos años de las empresas utilizadas en la estructura societaria investigada, entre ellas:
Transformadores Solomon Dominicana
Electrocable Aluconsa
NSD Importaciones Diversas
Distribuidora de Materiales Eléctricos EEE
Henan Jinshui
Importadora Eaglerise
Watmax Lighting
Herrajes Eléctricos RPC
MG Solomon Corporation
TLC Negocios Globales
Estas compañías deberán liquidar activos, pagar impuestos pendientes y posteriormente cerrar de forma definitiva.
Fin del proceso
Tras la homologación, el tribunal declaró:
Extinta la acción penal
Canceladas todas las medidas de coerción
Levantadas todas las oposiciones e inmovilizaciones de bienes
El archivo definitivo del proceso penal
El Ministerio Público acusaba a Montilla de utilizar un entramado de empresas para obtener adjudicaciones irregulares en el sector eléctrico, maniobrar procesos de contratación pública con información privilegiada, operar un monopolio de suplidores, manipular plazos de entrega, estafar al Estado y pagar sobornos a funcionarios para favorecer modificaciones contractuales y agilizar desembolsos.
El acuerdo generó una fuerte reacción en el país. Leidy Blanco, de Participación Ciudadana, expresó lo siguiente:
«Es difícil para el ciudadano ver que se puede devolver 3,000 millones de pesos y estar en su casa tranquilo».
Argumenta que la corrupción en el sistema eléctrico ha permeado la calidad del servicio y que es decepcionante que los responsables puedan evadir la cárcel.
Desde el Congreso, las críticas no esperaron
La diputada del PRM, Soraya Suárez, afirmó que el acuerdo envía un mal mensaje:
