Mag. Molina confiesa que el sistema justicia RD colapsó
A propósito de esta declaración del juez presidente de la SCJ:
Hace rato que el sistema de justicia en la República Dominicana presenta quiebres. Lo más grave es que ese personaje, Henry Molina, antes de asumir tan delicadas funciones, era miembro del Comité Central del PLD y coordinador político en campaña electoral de dicha organización en San Cristóbal.
Con ese antecedente, “ese pulcro juez pega afiches” jamás demostró independencia ni criterio de magistrado para juzgar casos; todo lo contrario. Se habla de carteles y cabilderos que aún influyen y orientan los dictámenes que salen de los tribunales del país.
Es muy fácil ahora, cuando concluye su tiempo como juez y se esperan cambios en esa Alta Corte, que este cuestionado personaje lance autocríticas para tratar de salvar su responsabilidad y su complicidad con los males endémicos del sistema judicial dominicano.
Se hicieron modificaciones constitucionales para variar la forma de escoger a los jueces en todos los niveles y evitar la contaminación politiquera. “El daño sigue peor. Les quitaron a los senadores el monopolio de designar y escoger en sus respectivas provincias a los jueces”, exclamó un abogado de San Juan que critica la corrupción, la ineptitud y la parálisis de la justicia en esa jurisdicción.
Miles de presos preventivos, acusados por violaciones menores, llevan años en inmundas y corruptas cárceles, repletas y controladas por guardias y policías proclives a la corrupción y a las mafias.
Aquí se encuentran jóvenes acusados del robo de un racimo de plátanos o de una gallina, con dos y hasta tres años recluidos en cárceles, enfermos y disminuidos. Sin justificar su acción delictuosa, no se puede comparar con los grandes delitos de corrupción, drogas, contrabando o depredación del medio ambiente, cuyos responsables difícilmente encuentran un juez que los castigue como manda la Constitución y las leyes adjetivas.
Y es tan degradante la situación que, si analizamos la otra pata de la justicia —los fiscales— encargados de perseguir, investigar y llevar al infractor ante los tribunales con el auxilio de los demás cuerpos represivos, como la Policía, ahí es donde la situación se torna aún más preocupante.
Los miembros del Ministerio Público, con muy honrosas excepciones, son o han sido altos dirigentes del PLD/FP. Vía Jean Alain Rodríguez, lograron estructurar un sistema seudolegal; conformaron un Consejo del Ministerio Público, realizaron concursos y se registraron en el sistema de la carrera. “Mansos y cimarrones, y se contaminó la PGR arriba, en el centro y abajo”, se quejan abogados litigantes.
El presidente Abinader trató de darle dignidad e independencia al Ministerio Público designando a la magistrada Miriam Germán Brito y continuó con Yeni Berenice Reynoso; pero el problema no está solo allí, sino en la estructura y en la conducta mafiosa que se ha formado y que expone a la población a la indefensión total cuando acude en busca de justicia.
Los jueces y fiscales eran vistos en los pueblos como referentes y modelos de la sociedad. Hoy generan miedo y desconfianza por sus desviaciones ético-morales y presuntos vínculos con sectores del bajo mundo. Que se diga si jueces, militares, policías y fiscales no usufructúan bienes incautados a capos y delincuentes, como una burla al país.
“No hay justicia, todo colapsó”, admite y pregona tardíamente el juez presidente de la SCJ, señor Molina. Lo reconoce en el ocaso de su desastrosa y cuestionada gestión.
Tampoco el problema se resuelve creando un Ministerio de Justicia. El fondo está en el contenido humano, moral y ético de esta sociedad atrapada.
