SANTIAGO.- Ocho personas fueron condenadas a penas de entre tres y seis años de prisión tras ser halladas culpables de integrar una red dedicada a la falsificación de documentos públicos y privados, según dictaminó un juez de instrucción de Santiago tras acogerse a un procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público en el caso conocido como Operación Colibrí.
Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez, Fausto Merán, William Rodríguez Rodríguez, José Rosario Marte y Thomás Enmanuel Rojas recibieron condenas de seis años de cárcel, mientras que Yanuel Morales Rodríguez fue sentenciado a cinco años y José Carlos Montero a tres.
Todos aceptaron su culpabilidad durante el proceso abreviado, llevado a cabo por las fiscales Esther María González Peguero, representante del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral (JCE), y Liliana Guillén, en representación de la Fiscalía de Santiago.
El grupo delictivo operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago, dedicándose a tramitar documentos falsos que, según las autoridades, pusieron en riesgo la seguridad jurídica del país.
La investigación del caso estuvo a cargo de la Dirección General de Persecución, la Fiscalía de Santiago, el Ministerio Público adscrito a la Junta Central Electoral y contó con el apoyo de agentes encubiertos de la Dirección de Seguridad Civil ante la JCE.
La Consultoría Jurídica del órgano electoral y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional actuaron como querellantes.
Los imputados admitieron haber falsificado documentos públicos como actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir y permisos para porte de armas, con el fin de venderlos a ciudadanos dominicanos y extranjeros. Más de 600 páginas del expediente describen la estructura de la red, que reclutaba individuos con diversos roles en la falsificación.
El juez Job García Hurtado, del Segundo Juzgado de la Instrucción de Santiago, admitió el acuerdo y dispuso la suspensión parcial de la pena, considerando el tiempo que los imputados pasaron en prisión preventiva. Entre las condiciones para la suspensión de la pena se encuentran residir en el último domicilio declarado y notificar cualquier cambio al juez de Ejecución de la Pena.
Además, deben abstenerse de realizar actividades fraudulentas, aprender un oficio o seguir cursos de capacitación para un trabajo digno. El incumplimiento de estas reglas implicará el cumplimiento de la pena en prisión.
En tanto, Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Samuel Elías Ceballos Ramos, Arsenio Reyes, José Miguel Cruz Hiraldo y Noel de Jesús Padilla Minaya fueron enviados a juicio tras la solicitud del Ministerio Público. La Fiscalía de Santiago, junto con expertos y oficiales encubiertos de la JCE, aportó más de 800 elementos de prueba, incluyendo los plásticos utilizados para imprimir los documentos oficiales, incautados durante allanamientos.
La investigación del Ministerio Público reveló que los trabajos captados por los «buscones» eran asignados a especialistas, incluyendo a quienes tramitaban irregularmente las actas del Registro Civil Dominicano. Estos procesados borraban el contenido de las actas originales, preservando el papel de seguridad para luego imprimir información falsa con las características de seguridad del documento original.
El Ministerio Público ha calificado el caso como violación a los artículos 265, 266, 147, 150 del Código Penal Dominicano y al artículo 13 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral, que tipifican la asociación de malhechores, la falsificación de escritura pública y la falsedad en escritura privada.
