SAN JUAN – La ex gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez fue indultada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y nunca fue condenada a prisión. Pero a sus 65 años, no puede ejercer como abogada, ni notaria, pues el lunes, 16 de marzo, el Tribunal Supremo la suspendió de forma indefinida.
Y un día después, Joseph González, jefe del Departamento de Policía de Puerto Rico, informó que le quitará el servicio de escoltas, pagado con fondos públicos, como habían reclamado numerosos sectores en la isla, desde que en agosto de 2025, Vazquez se declaró culpable de un delito federal menos grave.
La exgobernadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP) tenía asignada una escolta integrada por un sargento y 5 agentes. Estos contaban con dos camionetas, con todos los gastos cubiertos por fondos públicos. El pasado año fiscal, el costo de proteger a la exfuncionaria superó los $300,000.
El jefe de la Policía indicó que recibió la orden de la actual gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, quien tomó la decisión luego de que el Departamento de Justicia, en una opinión que le solicitó el 18 de febrero, expusiera que no había impedimento legal para quitarle ese beneficio.
En septiembre del año pasado, el mismo Joseph González declaró que el equipo legal de la agencia evaluó la situación de Wanda Vázquez y advirtió que solo a través de una ley le podrían quitar las escoltas.
La legislatura sometió un proyecto de ley a esos fines, pero Jenniffer González lo vetó, porque eliminaba el beneficio de escolta a los próximos exgobernadores y ella no quiere perderlo.
Ahora, dijo la gobernadora, el Departamento de Justicia hizo un análisis y en su opinión destacó la definición de exgobernador que establece la Ley 2, del 26 de marzo de 1965.
A Wanda Vázquez no le correspondía el servicio de escoltas pues, la Ley 2 establece, desde hace 61 años, que ese beneficio solo aplica a los exgobernadores que hubiesen sido electos por el pueblo y ocuparan el puesto al menos 4 años.
La exgobernadora sustituyó a Ricardo Rosselló, quien renunció en 2019. Antes se desempeñó como secretaria del Departamento de Justicia, Procuradora de la Mujer y fiscal en la región de Bayamón.
Vázquez gobernó la isla por sucesión constitucional del 7 de agosto de 2019 al 2 de enero de 2021.
