SANTIAGO. – En la República Dominicana circulan más de 3.5 millones de motocicletas, de un total de 6.1 millones de vehículos de motor registrados en el país.
De acuerdo a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al cierre del pasado año, el parque vehicular de motocicletas alcanzó las 3,531,967 unidades, lo que representa un incremento del 7.7 % respecto al año anterior, equivalente a 251,321 motocicletas adicionales en comparación con 2023.
La Organización Mundial de la Salud sitúa a la República Dominicana entre las naciones con mayor tasa de mortalidad vial, con 67.23 fallecidos por cada 100,000 habitantes.
Estadística señala que luego de los motoristas, que registran el 70.48 de las muertes por accidentes de tránsito.
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Constantemente decenas de motoristas y ciudadanos que dependen de sus motocicletas como principal medio de transporte y sustento denuncian abusos por parte de agentes de la Policía Nacional en Santiago.
Según los afectados, los agentes estarían reteniendo motocicletas de manera indiscriminada, incluso cuando los conductores presentan su documentación en regla y utilizan el casco protector obligatorio. Algunos aseguran que sus vehículos han sido incautados mientras estaban estacionados frente a sus propias viviendas.
Ante esta practica , organizaciones populares del municipio de Licey al medio estan convocando para este jueves a una caravana motorizada para que se detegan los apresamientos arbitrarios por parte de la policia de la dotación de Gurabo .
Además de perder temporalmente su medio de transporte y trabajo, los denunciantes señalan que deben pagar multas sin haber cometido infracción alguna. Esta situación los obliga a perder un día completo de ingresos y a hacer largas filas en la Dirección Regional Cibao Central para recuperar sus motocicletas.
Aunque muchos presentan documentos de compra a crédito emitidos por las agencias donde adquirieron los vehículos, aseguran que estos siguen retenidos, afectando gravemente la economía de sus hogares.
Ante esta situación, los motoristas hacen un llamado urgente a las autoridades para que revisen los procedimientos policiales, los cuales califican de arbitrarios y perjudiciales para cientos de trabajadores que dependen diariamente de sus motocicletas para sobrevivir.
