WASHINGTON.-Pam Bondi dejará su cargo como fiscal general, anunció el jueves el presidente, Donald Trump, tras informes de que estaba frustrado con su desempeño en asuntos clave.
“Queremos mucho a Pam, y pasará a ocupar un nuevo cargo, muy necesario e importante, en el sector privado, el cual se anunciará en una fecha próxima”, afirmó Trump en una publicación en Truth Social.
El fiscal general adjunto, Todd Blanche, asumiría el cargo de fiscal general interino del departamento de manera inmediata, agregó el presidente en su comunicado.
En un mensaje en la red social X, Bondi indicó que «durante el próximo mes trabajaré sin descanso para llevar a cabo la transición de la Fiscalía General al extraordinario Todd Blanche, antes de pasar a desempeñar un importante cargo en el sector privado que me entusiasma enormemente y en el que seguiré luchando por el presidente Trump y esta Administración.
Bondi finalizó que «sigo eternamente agradecida por la confianza que el presidente Trump depositó en mí para ‘hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro'».
Un alto funcionario de la Administración y una fuente familiarizada con el asunto habían adelantado más temprano a NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo, que Bondi había sido despedida.
Trump se había mostrado “cada vez más frustrado” con Bondi en los últimos días, señaló una persona familiarizada con las discusiones en la Casa Blanca, añadiendo que, si bien ella le agrada como persona, no considera que haya “ejecutado su visión” de la manera que él esperaba.
Blanche, quien fue uno de los abogados personales de Trump, agradeció al presidente en una publicación en la red social X por designarlo como fiscal general interino.
“Pam Bondi dirigió este Departamento con fortaleza y convicción, y estoy agradecido por su liderazgo y su amistad”, afirmó. “Gracias al presidente Trump por la confianza y la oportunidad de servir como Fiscal General interino. Seguiremos respaldando a las fuerzas del orden, haciendo cumplir la ley y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para mantener a Estados Unidos seguro”.
Bondi es la segunda miembro del Gabinete en ser destituida por el presidente. Kristi Noem fue despedida el mes pasado como secretaria de Seguridad Nacional, en una caída similar a la de Bondi. NBC News informó que Trump se mostró cada vez más frustrado con Noem, pero que fue su desempeño en dos audiencias ante el Congreso lo que finalmente le costó el puesto.
Trump eligió a Bondi —una leal colaboradora de larga data— para dirigir el Departamento de Justicia después de que el excongresista por Florida Matt Gaetz, quien se encontraba bajo escrutinio, retirara su candidatura para el puesto.
Bondi tiene vínculos con Trump desde hace tiempo. Durante la Convención Nacional Republicana de 2016, se sumó a los llamados de “¡Enciérrenla!” dirigidos contra la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, y luego formó parte del equipo de defensa de Trump durante su primer juicio político. Tras la derrota de Trump en las elecciones de 2020, participó en los esfuerzos por revertir los resultados, afirmando falsamente que él había “ganado en Pennsylvania”.
Dos de las fuentes que hablaron con NBC News dijeron que Trump y Bondi tuvieron un duro enfrentamiento en la Casa Blanca la semana pasada, aunque no especificaron cuál fue la causa.
Bondi viajó con el presidente el miércoles a la Corte Suprema para las audiencias orales sobre el caso de la ciudadanía por nacimiento, y asistió a su discurso en horario estelar en la Casa Blanca sobre la guerra con Irán.
Como fiscal general, Bondi supervisó el despido de decenas de abogados y agentes del FBI vinculados a los procesos judiciales contra Trump. Su gestión también se ha caracterizado por un éxodo voluntario aún mayor de abogados, lo que ha dejado al departamento con un número mucho menor de funcionarios de carrera que rinden cuentas a la ley y no a la política.
También impulsó muchas de las prioridades de la Administración Trump, poniendo fin a las investigaciones sobre departamentos de policía y reorientando el enfoque del departamento hacia las pesquisas sobre la percibida “instrumentalización” del Departamento de Justicia, así como sobre el fraude electoral, pese a que este es un fenómeno poco frecuente.
Sin embargo, bajo su liderazgo, el Departamento de Justicia ha tenido dificultades para presentar casos exitosos contra quienes Trump percibe como enemigos políticos. De hecho, el propio presidente a menudo ha complicado esos casos con sus declaraciones públicas. En febrero, el Departamento de Justicia no logró imputar a seis miembros del Congreso a raíz de un video publicado en redes sociales, en el cual instaban a miembros de las comunidades militar y de inteligencia a no acatar “órdenes ilegales”.
La investigación del Departamento de Justicia sobre la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, fue bloqueada por un juez. Asimismo, se desestimaron las causas abiertas contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, después de que un juez dictaminara que el fiscal federal había sido nombrado de manera irregular.
Algunos de los aliados de Trump también han manifestado su frustración ante la gestión de Bondi sobre los archivos de Epstein.
En una entrevista con Vanity Fair publicada en diciembre, la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, afirmó que Bondi había “fallado estrepitosamente” en su gestión de los archivos, lo que incluyó la entrega de carpetas etiquetadas como “Los archivos Epstein: Fase 1” a un grupo de influencers conservadores de las redes sociales el año pasado.
Posteriormente, en julio, el Departamento de Justicia y el FBI publicaron un memorando conjunto sin firma en el que declaraban haber llevado a cabo una revisión “exhaustiva” del extenso caso, y que no se esperaba que se presentaran cargos contra ninguna persona adicional ni que se hiciera pública ninguna otra información al respecto.
Esto hizo que el Comité de Supervisión de la Cámara emitiera una citación judicial para los archivos y, después de que el departamento no entregara la totalidad de los mismos, a la aprobación bipartidista de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, la cual contenía acusaciones comprometedoras sobre el presidente y miembros de su Administración.
Sin embargo, muchas de las sobrevivientes de Epstein, así como varios miembros del Congreso, han denunciado la forma en que el Departamento ha gestionado dichos archivos, algunos de los cuales presentaban numerosas tachaduras y omisiones al ser hechos públicos. Las sobrevivientes señalaron que se había censurado cierta información relativa a posibles cómplices, mientras que se dejó intacta otra información concerniente a las víctimas de los crímenes de Epstein, la cual, por el contrario, debería haber sido ocultada.
