Por Alejandro Almánzar
No descansaré, hasta ver al dominicano empoderarse en defensa de los intereses del país, si realmente valoramos los esfuerzos de nuestros forjadores, pues escuchar que han comprometido las escuelas dominicanas, para entregárselas a niños extranjeros, obedeciendo a una agenda de los enemigos, es como que seamos apátridas en nuestra propia tierra.
Aceptar que miles de los nuestros queden fuera por falta de cupos, porque estudiantes haitianos están siendo acogidos en el sistema educativo, esto debemos detenerlo de inmediato, aunque tengamos que declararnos en rebeldía civil contra una autoridad cómplice.
No pueden ahora decirnos, que la Ley General de Educación fue para poner los recursos que producimos a solucionar problemas de traidores y sediciosos de la comunidad internacional, cuando hoy no vemos por parte a los colectivos pedir cuentas sobre su aplicación, ni preguntando a bolsillos de quiénes van a parar tantos recursos.
Somos solidarios con los haitianos, pero no compromisarios de su desgracia, por lo que el tema de educación y otros servicios tienen que buscarlos en Haití, no con el presupuesto de salud y educación nuestro; educación, que cada día exhibe más falencia, peor que cuando se invertía una migaja presupuestaria.
Por años, el gasto en educación fue bajo, situándose entre un 1.5 % y 2.5 % la inversión del PIB, sin embargo, teníamos más calidad, aunque hoy se ha aumentado la cantidad de centros docentes y contrataron más educadores.
Las ONG, asociaciones de padres, artistas y las iglesias tampoco piden explicaciones sobre el destino de lo recaudado para educación, quienes realizaron marchas, cadenas humanas y campañas mediáticas para presionar a Danilo Medina, mandatario chantajeado y manipulado por quienes querían manejar todo ese presupuesto para sus beneficios, no para la educación realmente.
Desde 2012, se destina el 4%, con lo que el gobierno de entonces inició una masiva construcción de escuelas, pero quienes asaltaron el poder en 2020, no sólo no invierten en la enseñanza, sino, que jamás han construido una escuela y ni siquiera terminaron las que encontraron en proceso.
Y como resultados, sólo vemos que aumentan las limitaciones y problemas con el aprendizaje del estudiantado, como lo demuestran informes de PISA 2015, 2018 y 2022, colocándonos en últimos lugares en matemáticas, lectura y ciencias, ese no puede ser el resultado de la Ley 66-97 y si se hiciera una medición en este momento, esos resultados serían peores, mientras las autoridades mienten al pueblo.
Se cuestiona incluso, la calidad pedagógica del educador, algo grave, pues si el profesor no está debidamente preparado, los resultados jamás serán diferentes. Ese reclamo fue un triunfo ciudadano, porque colocaba como prioridad la inversión en tan importante renglón. Como decía Leonel, no basta con manejar más recursos, sino, la eficiencia, innovación pedagógica y rendición de cuentas.
El presupuesto de 2025 contempla 37 proyectos de infraestructuras con financiamiento internacional por más de US$ 6.5 mil millones, algunos de ellos destinados a modernización y construcción de escuelas, entonces preguntamos, para qué y en qué se invierte lo generado por esta ley, si el gobierno tiene que recurrir a endeudamientos para la educación también.
En conclusión, según datos oficiales, el gobierno proyecta invertir en educación RD$309,832 del PIB, pero esto se queda en el enunciado de un 4% dilapidado, que nada aporta a la calidad educativa y la ciudadanía debe pedir cuentas al gobierno sobre el particular.
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