BOGOTA.-Al menos 13 personas murieron y casi 40 resultaron heridas el sábado en un ataque con un artefacto explosivo que detonó en un autobús en una carretera del suroeste de Colombia, en medio de una escalada de violencia en las últimas horas en esa zona del país, informaron las autoridades.
Inicialmente, el Gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, comunicó en su cuenta de X que el artefacto fue activado en la vía Panamericana en el sector de El Túnel en Cajibío, con un saldo preliminar de “siete civiles muertos y más de 17 heridos”.
Horas más tarde, la secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, actualizó la cifra a 12 fallecidos en el lugar del atentado y una en un hospital cuando era atendida. En declaraciones a Noticias Caracol, Camargo precisó que entre los heridos, cinco son menores de edad.
El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Armadas, calificó al hecho como “un acto terrorista” que adjudicó a las estructuras de un hombre conocido como Iván Mordisco—uno de los más buscados de Colombia— y de la facción Jaime Martínez, de las disidencias de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en esa región y que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado en 2016. Al menos 15 vehículos fueron afectados por la explosión.
“Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”, escribió el presidente, Gustavo Petro, en su primera reacción tras el atentado. Añadió que se dispondrá a “los mejores soldados para enfrentarlos” y pidió a la unidad de análisis financiero colombiana actuar sobre sus finanzas.
Petro, el primer mandatario colombiano de izquierda, dijo en X que “muchas” de las víctimas eran de origen indígena y calificó a los responsables como “terroristas, fascistas y narcotraficantes”.
El ataque es el más reciente de una serie de atentados con explosivos y de intentos frustrados de atacar infraestructura pública en Colombia.
El ejército colombiano informó en X que realiza sobrevuelos y acciones de control para verificar la posible presencia de otros artefactos explosivos en esos departamentos.
La potente explosión dejó una escena trágica en el lugar, donde en medio de los hierros retorcidos de los vehículos y sobre el pavimento fracturado se observaban los cuerpos de las victimas. Los heridos fueron trasladados por ambulancias a diversos hospitales para ser atendidos, reportaron las autoridades.
Una ola de condena y rechazo ha levantado la violenta jornada, mientras la Defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió a los grupos armados que operan en la zona “cesar de inmediato” los ataques.
Al menos 26 hechos “criminales” se han presentado durante los dos últimos días en esa zona que “solamente han afectado a nuestra población civil”, reportó el general López.
El sábado se reportó un ataque con disparos a una estación policial en una zona rural de Jamundí, en el Valle del Cauca, la neutralización de tres drones acondicionados con explosivos en El Tambo, departamento aledaño del Cauca, y el ataque a un radar de Aeronáutica Civil en la misma zona. Ninguno de estos eventos dejó heridos.
La escalada de violencia en esa área del país andino movilizó a altos mandos liderados por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien junto a gobernadores y autoridades locales se reunían en Palmira, cuando ocurrió el último atentado.
“Los criminales buscan generar temor, pero respondemos con firmeza”, escribió previamente en X el ministro Sánchez, mientras la gobernadora del Valle del Cauca, Francisca Toro llamó al Gobierno a entregar “apoyo inmediato”.
La gobernadora había solicitado reforzar la presencia de la fuerza pública, labores de inteligencia y “acciones contundentes” contra el crimen ante la “escala terrorista”, señaló en un mensaje de esa red social.
El Gobierno ofrece una recompensa de 4.,00 millones de pesos (más de un millón de dólares) por información que permita la captura de un hombre conocido como Marlon, subordinado de Mordisco y quien es señalado como cabecilla de las disidencias en esa región.
Las autoridades locales ofrecieron la víspera 50 millones de pesos (más de 14,000 dólares) por información que permita ubicar a los responsables de los atentados en Cali y Palmira.
