El anuncio fue firmado por Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados, y difundido a través de las redes sociales oficiales del organismo. En el comunicado, dirigido a «los honorables diputados y diputadas, a la ciudadanía y medios de comunicación», se informó escuetamente la suspensión, sin ofrecer ninguna justificación ni fecha alternativa para retomar el debate.
Una postergación que huele a cálculo político
La coincidencia trae suspicacia: suspender la sesión justo cuando el Código Penal estaba en agenda no parece un accidente administrativo.
El Código Penal dominicano arrastra décadas de debate inconcluso y concentra posiciones irreconciliables en torno a temas como el aborto, las causales de exención de responsabilidad penal y los derechos de las mujeres. Cada vez que el texto se acerca al hemiciclo, aparece una razón para no votarlo.
Lo más llamativo del comunicado oficial no es lo que dice, sino lo que omite. No hay explicación. No hay reprogramación. No hay un gesto mínimo hacia la ciudadanía que lleva años esperando que el Congreso actualice un Código Penal que data de 1884.
Las voces de la sociedad civil y ciudadanía que ha alertado sobre el Código Penal
La suspensión de este jueves no ocurre en el vacío. En las últimas semanas, una cadena de pronunciamientos de organizaciones jurídicas, gremios empresariales, colegios profesionales y movimientos de mujeres ha puesto en evidencia que el texto aprobado como Ley 74-25 tiene problemas técnicos y omisiones que, según sus críticos, lo hacen inviable tal como está.
FINJUS: la primera en encender la alarma
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) fue una de las primeras voces institucionales en advertir sobre los riesgos de aplicar el nuevo Código sin correcciones. El 28 de junio de 2026, la organización pidió formalmente al Poder Ejecutivo someter con carácter de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar el período de vacatio legis de la Ley 74-25.
En un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, FINJUS sostuvo que la legislación presenta «ambigüedades, duplicidades e incoherencias» que, de entrar en vigor sin ajustes, afectarían la armonía del ordenamiento jurídico y comprometerían la correcta aplicación de la justicia penal. La entidad planteó que el presidente de la República impulse una modificación del artículo 393 de la ley para aplazar su aplicación y abrir un espacio de consultas y consenso entre los distintos actores del sistema de justicia.
La petición de FINJUS no fue un gesto aislado: llegó en medio de un creciente debate jurídico en el que penalistas, académicos, jueces y organizaciones especializadas coincidían en señalar errores de redacción, contradicciones entre artículos, tipos penales superpuestos, vacíos normativos y disposiciones que podrían entrar en conflicto con la Constitución y con el Código Procesal Penal.
Somos Pueblo lleva al TC artículos del nuevo Código Penal por alegadas violaciones a la libertad de expresión
La plataforma digital Somos Pueblo Media, en representación de Ricardo Augusto Ripoll García y Eduardo Daniel Sánchez Tolentino, depositaron una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con el propósito de que sean revisadas varias disposiciones contenidas en la Ley Orgánica No. 74-25, que establece el nuevo Código Penal. La acción judicial solicita la nulidad de los artículos192, 208, 209, 210, 211 y 310 de la referida legislación. Según los accionantes, esas disposiciones contravienen principios y garantías consagrados en la Constitución de la República Dominicana, al entender que afectan el ejercicio de derechos fundamentales.
También, comunicadores sociales y profesionales de distintas áreas realizaron protestas para expresar su rechazo a la denominada «ley mordaza», como califican las disposiciones del proyecto que se estudia en el Congreso Nacional y que, aseguran, podría afectar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en la República Dominicana.
