Más del 20% de los niños entre 12 y 16 años está abandonando las escuelas públicas dominicanas. Se van sin leer bien, sin sumar, sin futuro.
Mientras tanto, el Ministerio de Educación maneja el 4% del Presupuesto Nacional: más de 300 mil millones al año. ¿El resultado? Un desastre moral, institucional y humano.
Entre los 12 y 16 años —la edad en la que se define si un muchacho será obrero o profesional— más de 2 de cada 10 desertan. Se van a la calle, al motoconcho, al microtráfico o al embarazo temprano. Las aulas públicas se vacían y nadie responde.
Bajo el régimen de Trujillo existió la Ley No. 1653 de 1948 sobre Educación Obligatoria. Obligaba a los padres a enviar a sus hijos menores de 14 años a la escuela, bajo amenaza de multa y cárcel. Crudo, autoritario, pero efectivo: la deserción era mínima, porque el Estado actuaba si el niño no estaba en el aula.
La democracia llegó y flexibilizó todo. Se eliminó el castigo al padre irresponsable. Se cambió el fuete por el “derecho” mal entendido. El resultado: un relajamiento total. Hoy el padre dice: “él no quiere ir”, y el sistema se encoge de hombros.
La Ley 66-97 y la presión social lograron asignar el 4% del PIB a educación. Se vendió como la salvación. ¿Qué trajo?
Robo a gran escala, con sobrevaluación de escuelas; libros que no llegan; desayuno escolar en mal estado y tabletas que no funcionan. Una burocracia dorada en el MINERD, donde los viceministros cobran más que un científico y no pisan un aula. La calidad está por el suelo: pruebas nacionales e internacionales nos colocan entre los últimos lugares. Niños de octavo grado que no comprenden un párrafo. Y un recurso humano debilitado: maestros formados en tandas sabatinas, sin vocación, nombrados por política.
La ADP pasó de gremio a actor político. Agenda de paros, presión constante y beneficios para su cúpula. Mientras el maestro con vocación cobra poco, la dirigencia vive con privilegios: vehículos, viajes y cargos. Defienden lo indefendible y frenan evaluaciones serias. Los niños quedan atrapados en medio.
Esto no es solo deserción: es un sistema deteriorado. Padres sin obligación legal efectiva ni consecuencias. Un MINERD convertido en caja política. Funcionarios que usan el 4% para nombrar “botellas”, no para educar. El resultado: una fábrica de desigualdad. El hijo del rico va a colegio privado; el hijo del pobre deserta y repite el ciclo.
Trujillo, con métodos autoritarios, llenaba las aulas. La democracia, con recursos, no ha logrado sostenerlas. Se asignó el 4% a la educación, y el país enfrenta alta deserción, cuestionamientos sobre el uso de fondos y un sistema que no garantiza aprendizaje.
- ¿Para qué sirve la “libertad” si los muchachos terminan en la calle?
- ¿De qué vale el 4% si no se traduce en calidad educativa?
Mientras no exista responsabilidad real de los padres, sanción a la corrupción y reformas profundas en el sistema, seguiremos graduando estudiantes sin las competencias básicas.
