Por Antonio Ledezma
El exilio suele comenzar con una despedida, pero su verdadero peso se descubre después: en la silla que queda vacía, en la casa que se recuerda a distancia, en los hijos que aprenden a convivir con la ausencia. Quien parte lleva consigo lo que puede salvar de su patria y la incertidumbre de no saber cuándo volverá. Para millones de venezolanos, el destierro ha dejado de ser una experiencia excepcional, es una herida que atraviesa a la nación y separa a familias enteras.
El caso de Marilú Paredes de López le pone nombre y rostro a ese sufrimiento. Según el informe elaborado por el ingeniero Eddy Ramírez, en representación de la Asociación Civil Gente del Petróleo, Marilú es una maestra venezolana que dedicó tres décadas de su vida a la educación, tallando en las aulas de clases el talento de niños y jóvenes de su país. En 2021 llegó a Estados Unidos con su esposo, Juan López, en busca de protección. Ambos solicitaron asilo con la esperanza de encontrar la seguridad que les había sido negada en su propio país.
Marilú acudía periódicamente a sus citas con las autoridades migratorias estadounidenses. En una de esas comparecencias fue detenida y recluida en Texas. Días después, según el testimonio de su familia, fue trasladada en avión a Bangui, capital de la República Centroafricana. El viaje habría durado cerca de treinta horas, durante las cuales permaneció esposada.
Detengámonos un momento en lo que significa ese relato aportado por el Ing. Eddy Ramírez. Una maestra venezolana, lejos de su patria, es separada de su esposo y llevada a un país donde, de acuerdo con su familia, carece de vínculos y de una red de apoyo. No hablamos de un expediente sin rostro ni de una cifra en un balance migratorio. Hablamos de una persona cuya vida ha quedado suspendida entre la incertidumbre y el desamparo.
Cuesta no imaginarla frente al río Ubangui, buscando en sus aguas algún recuerdo del Orinoco, del Caroní o del Guaire. Pero ningún río sustituye al que discurre por la memoria. La distancia no se mide solamente en kilómetros: también se mide en abrazos imposibles, en palabras que no encuentran interlocutor, en noches sin la certeza de quién podrá tendernos una mano al día siguiente.
Al otro lado de esa separación está Juan López. Durante veintidós años trabajó en la industria petrolera venezolana. Fue supervisor de contratistas y desempeñó labores de prevención y control de pérdidas, así como de rehabilitación de pozos. Según el informe de Gente del Petróleo, fue despedido después del paro cívico de 2002 y padeció las consecuencias de la persecución política. Formó parte de una generación de trabajadores que aportó conocimientos, esfuerzo y años de vida a una industria fundamental para Venezuela.
Hoy, mientras se recupera de la amputación de una pierna, enfrenta también la ausencia de su esposa. A la dificultad de recuperar su autonomía se suma la angustia de no poder acompañarla ni saber cuándo volverán a estar juntos. Son dos personas sometidas a una misma separación, cada una con su dolor y ambas necesitadas de apoyo.
La solidaridad debe ocupar el centro de nuestra respuesta. No basta con conmovernos ante una historia dolorosa si después regresamos, intactos, a la indiferencia. Solidaridad es escuchar, verificar, acompañar y movilizar los recursos disponibles. Es procurar asistencia jurídica, promover gestiones humanitarias y sostener a una familia que no debería afrontar sola semejante incertidumbre.
Este artículo no propone desconocer las leyes migratorias. Reclama que su aplicación esté acompañada de debido proceso, consideración humanitaria y respeto por la integridad de cada persona. La potestad de un Estado para gestionar sus fronteras no debería volver invisibles las circunstancias de quienes buscan protección.
Por eso, hacemos un llamado a las autoridades estadounidenses para que revisen este caso con atención a sus circunstancias personales y familiares. Apelamos también a la Organización Internacional para las Migraciones, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y a los gobiernos que puedan contribuir a una solución. España y Colombia podrían evaluar, dentro de sus competencias y posibilidades, alternativas de protección y reunificación familiar.
Lo urgente es que Marilú esté a salvo, reciba la asistencia que necesita y encuentre una vía para reunirse con los suyos. Pero nuestra preocupación no puede terminar en su nombre. Junto a ella hay miles de venezolanos que atraviesan otras formas de este mismo calvario: familias dispersas, personas enfermas sin compañía, trabajadores desarraigados y niños que crecen lejos de alguno de sus padres. Ocuparnos de ellos es una responsabilidad que no admite indiferencia.
Atender las consecuencias del destierro es indispensable; trabajar para que dejen de producirse también lo es. El horizonte debe ser una verdadera transición democrática en Venezuela, buscamos consumar un proceso que se manifieste en hechos, restituya derechos, reconstruya instituciones y ofrezca garantías para vivir sin persecución. Una transición que permita quedarse por voluntad propia y regresar con seguridad, no por desesperación. La esperanza necesita ese camino concreto. Necesita una Venezuela donde enseñar, trabajar, disentir y criar a los hijos no sean actividades amenazadas por el miedo; donde nadie tenga que escoger entre su libertad y su hogar.
Hoy, ese compromiso empieza por no dejar solos a Marilú y a Juan. Acompañarlos es defender su dignidad y afirmar, al mismo tiempo, el país que queremos recuperar. Que la solidaridad los ayude a reencontrarse y que una verdadera transición democrática abra para todos los venezolanos la posibilidad de un futuro en libertad. La patria que anhelamos será aquella donde nadie tenga que marcharse para ponerse a salvo y donde volver sea, por fin, una esperanza cumplida.
