MADRID.- Un juez ha enviado a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y le ha aplicado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le ha prohibido salir del país y le ha impuesto una comparecencia quincenal en el juzgado.
El magistrado Juan Carlos Peinado ha tomado esta decisión en un auto judicial difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por considerar que existe riesgo de fuga de Gómez.
Medidas cautelares contra Begoña Gómez
Peinado procesa a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos; y también a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos.
También manda a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.
Delitos imputados y otros procesados
El juez abrió la causa contra Gómez en abril de 2024 para investigar delitos como el de apropiación indebida, intrusismo o corrupción en los negocios, en relación con una cátedra universitaria que codirigía, y después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra ella, basada en informaciones de prensa.
El partido socialista (PSOE) reaccionó rápidamente en la red social X, donde defendió la inocencia de Gómez con la etiqueta #YoConBegoña.
«Begoña Gómez es inocente. Lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente. Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán», publicó la formación.
En abril, el juez había acusado formalmente a la esposa de Sánchez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos.
«La cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada», escribió el juez en esa resolución.
– Retahíla de escándalos –
La investigación comenzó en abril de 2024 a raíz de una denuncia de un grupo anticorrupción con vínculos con la extrema derecha.
Tras conocerse el caso, Sánchez suspendió sus obligaciones públicas durante unos días para reflexionar si se mantenía o no en el cargo.
Tanto él como Gómez, de 55 años, rechazan las acusaciones y niegan cualquier irregularidad.
El jefe del gobierno socialista enmarca el caso en una campaña de la derecha para socavar su gobierno en minoría, que se sustenta en precarios acuerdos en un Parlamento muy fragmentado.
Los partidos de la oposición de derecha han pedido su dimisión y la convocatoria adelantada de elecciones, previstas en principio para el próximo año.
Sin embargo, la situación es delicada para el socialista, que alcanzó el poder en 2018 tras una moción de censura presentada contra su predecesor, el conservador Mariano Rajoy, precisamente a raíz de los casos de corrupción en su partido.
La presión aumentó tras el escándalo de Zapatero, jefe del gobierno entre 2004 y 2011, investigado por tráfico de influencias relacionado con el presunto cobro de comisiones por el rescate de la pequeña aerolínea Plus Ultra en 2021.
El exdirigente ha negado también las acusaciones y Sánchez ha reiterado en repetidas ocasiones su «confianza» en la inocencia de su mentor.
Y en abril, quien fuera mano derecha de Sánchez y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue juzgado por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.
