SANTO DOMINGO.-Cerca de 400 jueces y juezas de diferentes jurisdicciones a escala nacional colgaron sus togas y birretes ayer jueves, mientras otros servidores judiciales estuvieron de brazos cruzados, en demanda de una transformación profunda en sus condiciones de trabajo y remuneración.
Casi todos los tribunales del país estuvieron cerrados ayer para los usuarios al acogerse al paro de labores por 24 horas que convocaron 450 jueces, de un total de 737 que posee la judicatura.
Solo mantuvieron los servicios la Oficina de Atención Permanente de cada departamento judicial, la cual debe conocer las solicitudes de coerción a los detenidos para garantizar el cumplimiento del plazo constitucional de las 48 horas para la presentación de los arrestados ante un juez.
Previo a iniciarse la paralización, a las 9:00 de la mañana, los jueces y juezas de cada jurisdicción leyeron simultáneamente un manifiesto en el que explicaron al país que sus demandas de mejores condiciones laborales «nace del cansancio acumulado» por cargas de trabajo excesivas como consecuencia de no contratarse más personal, mientras se destinan cientos de millones de pesos en «cuestiones superfluas y de menor relevancia», como en «eventos e influencers» y hasta en «un arbolito (navideño) que costó 11 millones de pesos».
Silencio e indiferencia
En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, al fungir como una de las voceras del paro, la magistrada Suinda Jazmín Brito Hernández, que dio lectura al manifiesto, aseguró que no les quedó otra opción que realizar el paro luego de un largo camino de solicitudes a las altas instancias que incluyó acciones en los tribunales y que de respuesta recibieron «el silencio, la indiferencia, el irrespeto» y hasta el «desprecio».
Detalló los «múltiples males: falta de personal, baja remuneración salarial y carga de trabajo excesiva», entre la «larga lista de carencias» que deben sortear diariamente. Sostuvo que las situaciones que enfrentan los miembros de la judicatura y los demás empleados del Poder Judicial provocan «otras situaciones cada vez más graves», como el abandono de los puestos de trabajo de un gran número de miembros del personal.
«Cuando por primera vez decide poner atención a nuestros reclamos, el Consejo del Poder Judicial nos responde con una serie de propuestas, caracterizadas por ser imprecisas, condicionadas e ineficaces», dijeron los magistrados.
Reprogramaron
Algunos jueces que tenían fijadas audiencias para ayer, subieron a sus tribunales y reprogramaron las vistas en coordinación con las partes de los casos.
El economista Nelson Suárez determinó que entre el 2005 y 2025 el poder Judicial ha recibido menos de la mitad de los recursos que ley ordena, ya que debió obtener RD$276,053.4 millones y solo le han asignado RD$132,141.2, dejando de percibir RD$143,912.2.
Esto es el resultado del incumplimiento de las disposiciones de la Ley 194-04 de autonomía presupuestaria y administrativa de los poderes Legislativo, Judicial y de la Cámara de Cuentas, la cual fija las proporciones de los ingresos públicos internos que se deben asignar cada año a estos organismos.
El 65% del 4.1% corresponderá al Poder Judicial y el restante 35% al Ministerio Público.
Para el cálculo de las asignaciones presupuestarias no entregadas a al Poder Judicial, Suárez tomó como referencia la proporción no comprometida de los ingresos públicos percibidos por el Gobierno depositados en la fuente denominada Fondo General durante los 21 años analizados.
Según las estimaciones, en ese período el Poder Ejecutivo debió haber entregado al Poder Judicial “ al menos RD$276,053.4 millones, (el 2.668% de los ingresos al Fondo General) y solo le asignó RD$132,141.2 millones (1.2757% de los ingresos al FG), lo cual arroja una diferencia negativa de RD$143,912.2 millones o lo que es lo mismo, un promedio anual no entregado de RD$6,852.96 millones”.
Explica que esto se debe a que entre el año 2005 y el 2025 el Gobierno Central percibió ingresos interno en el Fondo General por un monto de RD$10,358,479.7 millones, de los cuales debió asignar al Poder Judicial un total de RD$276,053.4 millones.
Otros topes
Para el Poder Legislativo, la ley establece que debe recibir por lo menos 3.10% de los ingresos internos, incluyendo los adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos. El 70% ese porcentaje corresponderá a la Cámara de Diputados y el 30% al Senado. Con respecto de la Cámara de Cuentas, la ley ordena asignar 0.30% de los ingresos internos.
Práctica
Suárez señala que el no cumplimiento de las disposiciones de la Ley 194-04 ha sido una constante durante los últimos 21 años dentro de los que se cuentan, dos períodos de gobierno del Leonel Fernández entre 2004-2012, los dos de Danilo Medina entre 2012-2020 y un período de Gobierno y un año y cuatro meses de Luis Abinader.
“El hecho de que durante tanto tiempo no se haya cumplido con una ley que dispone la autonomía presupuestaria y administrativa de los principales poderes del Estado y de otras dos instituciones claves de la organización funcional del Estado Democrático y de Derechos que según nuestra constitución tenemos, sin que nadie, incluyendo a los diversos incumbentes de los poderes y organismos afectados que han tenido durante el periodo señalado, haya dicho nada, pone de manifiesto las profundas debilidades institucionales que siguen afectando a la sociedad dominicana, a pesar de los pesares”, lamentó Suárez en su análisis.
