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Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos

Antonio LedezmaAntonio Ledezma

Ninguna relación entre naciones puede sostenerse de manera legítima y duradera si no descansa en el respeto a la soberanía, las instituciones democráticas y el beneficio recíproco

Venezuela y Estados Unidos están unidos por una geografía que no admite indiferencias, por una historia compartida de más de dos siglos y por intereses que hoy reclaman una cooperación sensata, transparente y orientada hacia la libertad. En esta coyuntura, estrechar los vínculos entre ambas naciones no es un gesto de conveniencia pasajera: responde a una necesidad de Venezuela y a un interés estratégico de Estados Unidos.

La historia interamericana también abrió caminos de cooperación. La política del Buen Vecino, impulsada por Franklin D. Roosevelt desde 1933, procuró sustituir la intervención militar por el entendimiento y el intercambio. Allí encontramos una referencia útil para el presente: las democracias del continente avanzan cuando se reconocen como socios libres, con responsabilidades compartidas y derechos irrenunciables. La vecindad debe ser un puente, no una coartada para la subordinación.

En materia de seguridad colectiva, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en 1947, estableció compromisos de asistencia frente a ataques armados y otras amenazas contra los Estados americanos. Pero la historia regional también conoció capítulos sombríos, como la coordinación represiva de la Operación Cóndor. Esa experiencia dejó una advertencia que no admite olvidos: la seguridad pierde su legitimidad cuando sacrifica los derechos humanos. Venezuela debe asumir esa lección con claridad. La seguridad democrática protege al ciudadano, respeta el debido proceso y somete las armas a la ley.

En el terreno económico, la relación interamericana ha conocido iniciativas de distinta naturaleza: la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, el Plan Brady, la Iniciativa para las Américas y los esfuerzos por establecer un Área de Libre Comercio de las Américas, entre otras. No fueron instrumentos equivalentes ni tuvieron los mismos resultados. Su balance, con avances y limitaciones, invita a defender una convicción: la prosperidad requiere oportunidades comerciales, reglas confiables, inversión productiva y Estados capaces de garantizar derechos.

El Plan Colombia ofrece, a su vez, una referencia para comprender la complejidad de la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados. La cooperación en seguridad debe acompañarse de instituciones fuertes, presencia efectiva del Estado, inteligencia profesional y políticas de desarrollo. La estrategia estadounidense de apoyo al Triángulo Norte, respaldada durante la administración Obama, también vinculó seguridad, prosperidad y gobernabilidad. Esa articulación resulta especialmente pertinente para Venezuela. En nuestro país no basta con combatir las economías ilegales; es indispensable abrir oportunidades para que la legalidad pueda arraigarse.

En la actual administración del presidente Donald Trump, el Escudo de las Américas ha abierto un nuevo espacio de coordinación hemisférica, con énfasis en la lucha contra los carteles, el narcotráfico y otras redes criminales transnacionales. Venezuela debe aspirar a participar en mecanismos de cooperación que contribuyan a recuperar su seguridad, siempre sobre bases democráticas, con respeto a la soberanía nacional, a los derechos humanos y al derecho internacional. La cooperación será verdaderamente útil si fortalece nuestras instituciones y ayuda a devolver a los ciudadanos el control de su destino.

Nuestro país necesita reconstruir sus vínculos con Washington mediante una agenda amplia. El petróleo y el gas ocupan, por supuesto, un lugar importante. Venezuela puede aspirar a convertirse en un proveedor seguro y estable de hidrocarburos, siempre que recupere su capacidad productiva, la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas. Esos recursos podrían contribuir a la seguridad energética de sus socios y a financiar la reconstrucción nacional. Pero reducir la relación bilateral a los hidrocarburos sería confundir una de sus columnas con el edificio entero.

La agenda debe incluir garantías para atraer inversión; cooperación contra el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal y el lavado de dinero; apoyo para recuperar los servicios de electricidad, agua, salud y educación; y fortalecimiento de las instituciones civiles. También debe contemplar una política firme, sujeta a la ley, frente a las organizaciones terroristas y criminales que operan en territorio venezolano.

La operación estadounidense del 3 de enero de 2026, realizada bajo la conducción de Donald Trump y que culminó con la captura de Nicolás Maduro, marcó un punto de inflexión. Días después, el secretario de Estado, Marco Rubio, presentó una estrategia de tres fases: estabilización, recuperación y transición. Dentro de ese proceso situó la reconciliación nacional, la liberación de presos políticos y la reconstrucción de la sociedad civil. Para los venezolanos, el punto de llegada debe ser inequívoco: elecciones presidenciales libres, competitivas y verificables, con garantías institucionales que permitan expresar y respetar la voluntad popular. La estabilización no puede convertirse en una sala de espera indefinida para la democracia.

Los venezolanos apostamos por una relación renovada con Estados Unidos, fundada en la cooperación entre naciones libres y en compromisos verificables. Venezuela puede aportar energía, talento humano, ubicación estratégica y voluntad de reconstrucción. Estados Unidos puede acompañar ese esfuerzo con inversión, tecnología, acceso a mercados, respaldo institucional y cooperación contra el crimen transnacional. No se trata de delegar en otro país la responsabilidad de nuestro porvenir, sino de construir alianzas que nos ayuden a recuperarlo.

Tienen razones para entenderse. Venezuela necesita restablecer su libertad, su Estado de derecho y su capacidad de generar prosperidad. A Estados Unidos le interesa una Venezuela estable, democrática y segura en el Caribe. Ese debe ser el horizonte: una alianza que no se agote en los barriles de petróleo ni en los acuerdos de seguridad, sino que encuentre su medida en la paz, la democracia y la dignidad de nuestros pueblos.

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