Santo Domingo.- Mientras legisladores del oficialismo defienden la declaratoria de emergencia dispuesta por el presidente Luis Abinader como una acción necesaria y preventiva frente a los daños ocasionados por las intensas lluvias, los opositores exigen un manejo transparente en la ejecución de los recursos y advierten sobre posibles irregularidades en su uso.

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días han vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado.

Así lo consideran legisladores de la oposición, que cuestionan que la declaratoria de emergencia pueda abrir la puerta a contrataciones sin controles estrictos, insistiendo en que, aunque reconocen la necesidad de atender la emergencia, se debe garantizar el uso correcto de los fondos públicos.

En cambio, el oficialismo sostiene que la medida responde a una situación real de riesgo y que permite actuar con rapidez para salvar vidas y reducir daños. Aseguran que está amparada en la ley, que habrá fiscalización del Congreso y que los recursos llegarán a las zonas más afectadas de manera oportuna.

La disposición está contenida en el decreto 234-26 emitido este lunes, que incluye el Distrito NacionalSanto DomingoPuerto PlataEspaillatValverde y Santiago.

El artículo 23 de la Ley 147-02 establece que se declara emergencia regional cuando el desastre afecta a más de dos provincias o supera la capacidad de respuesta local. En estos casos, el Gobierno puede disponer de recursos de forma inmediata para atender a la población afectada.

Durante las dos gestiones de gobiernos del presidente Abinader, el Congreso ha aprobado cinco préstamos por un total de 1,230 millones de dólares para enfrentar el cambio climático y desastres naturales.

Presidente Abinader