SANTO DOMINGO.-Lo que el Gobierno presentó como un plan anticrisis para enfrentar el impacto económico de la guerra en Medio Oriente fue calificado por la Fuerza del Pueblo como una reforma fiscal con otro nombre.
El expresidente Leonel Fernández aseguró que las medidas anunciadas la semana pasada son innecesarias y pidió retirar todas las propuestas de aumento de impuestos.
Fernández sostuvo que, según las propias proyecciones oficiales, el Estado tendría un superávit de 36 mil millones de pesos al cierre del año, por lo que entiende que no existe justificación para imponer nuevas cargas tributarias a la población.
«La Fuerza del Pueblo propone que el Gobierno retire todas las propuestas de aumento de impuestos por ser innecesarias este fin de año», expresó.
Leonel propone reformular el presupuesto
Como alternativa, el líder opositor planteó una reformulación del presupuesto mediante el presupuesto complementario, para reorientar partidas y dar carácter legal a las medidas económicas anunciadas por el Poder Ejecutivo.
«Aprovechar ese presupuesto complementario y entonces una reformulación del presupuesto para reducir y orientar partidas«, declaró.
Fernández también afirmó que varias de las iniciativas incluidas en el denominado plan anticrisis ya habían sido sometidas anteriormente por la Fuerza del Pueblo a través del senador Omar Fernández, entre ellas propuestas de flexibilización fiscal para empresas y sectores productivos.
«No es el plan anticrisis, sino las propuestas de la Fuerza del Pueblo y del senador Omar Fernández», dijo.
El presidente de la Fuerza del Pueblo insistió en que el Gobierno debe descartar cualquier aumento de impuestos y concentrarse en ajustes presupuestarios.
“El informe ya estaba listo”, denuncian opositores
Los congresistas de oposición aseguraron que el informe favorable fue elaborado previamente, incluso antes de escuchar a representantes del sector empresarial que acudieron al Congreso a presentar sus observaciones sobre el proyecto.
«Es una gran falta de respeto… El informe estaba listo cuando todavía no habíamos escuchado a los empresarios”, expresaron, al señalar que se ignoraron propuestas que consideraron “sensatas y racionales” durante las vistas realizadas en la comisión.
Criticaron, además, que el proceso se haya desarrollado “de manera mecánica y abusiva”, sin la profundidad que, según dijeron, amerita una reforma de este tipo, que impacta directamente en la economía nacional.
Acusan “aprobación en tiempo récord” y alertan sobre impacto económico
Los legisladores opositores calificaron como “un papelazo” la aprobación del informe en un tiempo reducido, asegurando que el proyecto fue despachado en cuestión de horas, sin el debido análisis técnico ni político.
Sostuvieron que la iniciativa contempla alrededor de RD$50,000 millones en nuevas cargas fiscales, que, según su visión, terminarán recayendo sobre la población consumidora.
En ese sentido, advirtieron que el proyecto no contempla beneficios directos para la ciudadanía, como reducción en el costo de los alimentos, los combustibles, la electricidad o los medicamentos.
- «Esto no baja la comida, no baja el combustible, no baja nada. Al final, quien paga es el consumidor”, afirmaron.
Los opositores también cuestionaron la finalidad de los recursos proyectados, al señalar que el Gobierno se limitó a justificar la iniciativa en la necesidad de cubrir el déficit fiscal y sostener subsidios, sin explicar con claridad el impacto real en la economía de los hogares.
Asimismo, advirtieron que los impuestos al sector empresarial podrían trasladarse indirectamente a los precios finales, afectando el costo de vida de la población.
Finalmente, los legisladores de oposición reiteraron su rechazo al procedimiento seguido en la comisión bicameral y advirtieron que continuarán denunciando lo que consideran una aprobación acelerada y sin consenso de una de las reformas más importantes de los últimos años en el país.
El debate en torno a la reciente reforma fiscal en la República Dominicana se enmarca dentro de una discusión histórica sobre la necesidad de ajustar el sistema tributario para aumentar la recaudación del Estado y mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En distintos momentos de las últimas décadas, los gobiernos dominicanos han intentado impulsar cambios estructurales en materia impositiva, casi siempre en contextos de presión fiscal, déficit presupuestario o crisis económicas.
