Durante una intervención desde la parroquia San Francisco de Asís, en el municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, el religioso manifestó preocupación por la presencia de bancas de apuestas y máquinas tragamonedas en distintas comunidades, especialmente por su cercanía a escuelas, iglesias, hospitales y otros espacios sensibles.
«Nadie puede ser juez y parte», planteó el sacerdote al cuestionar que personas relacionadas con negocios de apuestas puedan participar al mismo tiempo en la elaboración de las reglas destinadas a supervisarlos.
El religioso también expresó preocupación por el impacto social de los juegos de azar y aseguró que su proliferación contribuye a fomentar conductas que pueden alcanzar incluso a menores de edad.
Asimismo, comparó la composición actual del Congreso con la de décadas anteriores y recordó que, a su entender, durante los años 80 y 90 había una mayor presencia de intelectuales y figuras políticas de reconocido prestigio en el Poder Legislativo.
Congreso aprobó proyecto para regular los juegos de azar
Los cuestionamientos de Rosario Ovalle se producen después de que el Senado aprobara, el pasado 16 de septiembre, en única lectura, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que regula los juegos de azar en República Dominicana. La iniciativa surge de propuestas presentadas por los senadores Pedro Catrain y Félix Bautista y, tras completar su trámite legislativo, quedó pendiente del Poder Ejecutivo.
La normativa procura establecer un nuevo marco para la autorización, fiscalización y supervisión de casinos, bancas de lotería, apuestas deportivas, máquinas tragamonedas y otras modalidades de juegos de azar, incluidas las desarrolladas mediante plataformas electrónicas.
La legislación también contempla medidas dirigidas a proteger a los menores de edad, promover el juego responsable, combatir operaciones fraudulentas y fortalecer la fiscalización y recaudación tributaria del sector.
Para Rosario Ovalle, sin embargo, la efectividad de cualquier regulación dependerá de que quienes tengan la responsabilidad de aplicarla y fiscalizarla actúen sin conflictos de intereses.
