Delvinson De la Cruz Sosa es acusado de terrorismo
El Ministerio Público pide tres meses de prisión preventiva como medida de coerción
SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público acusa al detenido de terrorismo y pidió ayer tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. Las informaciones divulgadas por el órgano persecutor apuntan a una investigación relacionada con presuntas amenazas contra la vida del mandatario y la posible planificación de un atentado.
El artículo 154 establece sanciones para quienes anuncien, mediante palabras, escritos, imágenes, gestos o cualquier otro medio, su intención de causar daño a una persona, siempre que existan circunstancias que hagan verosímil la materialización de la amenaza. Además de prisión, el procesado podría enfrentar multas de tres a seis salarios mínimos del sector público.
Aunque las amenazas constituyen una de las posibles figuras penales que podrían examinarse, la investigación también podría derivar en cargos de mayor gravedad si se comprueba la existencia de actos materiales dirigidos a ejecutar un atentado contra el presidente.
De la Cruz Sosa fue arrestado el martes 3 de noviembre durante un allanamiento a su residencia, ubicada en la calle Joaquín Balaguer, sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Las autoridades también intervinieron la Ferretería Molina, establecimiento donde, hasta su detención, laboraba. Se desconoce si fue desvinculado.
La investigación surgió a partir de alertas de organismos de inteligencia sobre supuestas amenazas contra el jefe de Estado. La orden judicial vincula al detenido con un posible ataque contra el mandatario en la sede del Congreso Nacional, en Santo Domingo, durante la conmemoración constitucional.
La orden judicial menciona un supuesto ataque el 6 de noviembre
La jueza Josefina Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís, autorizó los allanamientos a pedido de los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar.
El documento judicial refiere a una investigación por la “planificación de un presunto atentado terrorista” contra Luis Rodolfo Abinader Corona. De acuerdo con esa resolución, el hecho estaría previsto para el 6 de noviembre de 2026 durante el acto por el Día de la Constitución.
Las autoridades no informaron cuáles habrían sido los motivos atribuidos al investigado ni precisaron si existen otras personas bajo sospecha. La pesquisa busca determinar el alcance de las amenazas y establecer si había un plan concreto para ejecutar el supuesto ataque.
Durante los operativos, agentes y fiscales ocuparon dispositivos electrónicos y sustancias químicas. El Ministerio Público indicó que los elementos serán sometidos a evaluación como parte de la investigación.
Las autoridades allanaron también el lugar de trabajo del detenido
Además de la vivienda de De la Cruz Sosa, las autoridades registraron la Ferretería Molina, ubicada en la avenida Profesor Juan Bosch, en el mismo sector de San Francisco de Macorís. El establecimiento es el lugar donde trabajaba el detenido, según los datos difundidos por la Procuraduría General de la República.
La solicitud presentada ante la Justicia incluía la búsqueda de teléfonos celulares, tabletas, computadoras, armas de fuego, pertrechos militares, explosivos u otros elementos que pudieran estar relacionados con el caso.
En las diligencias participa la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Hasta el momento, el Ministerio Público no informó si los objetos incautados contenían material que confirmara la existencia de una amenaza inmediata contra Abinader.
El presidente dominicano se encuentra en España, donde tiene previsto participar el miércoles y el jueves en la XXX Cumbre Iberoamericana. Su regreso a República Dominicana está previsto para el viernes.
Aunque la orden judicial sitúa el supuesto atentado en el Congreso Nacional, las celebraciones tradicionales por el Día de la Constitución suelen realizarse en la provincia de San Cristóbal. Allí se firmó la primera carta magna dominicana, el 6 de noviembre de 1844.
El caso se encuentra ahora a la espera de que el tribunal fije la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción..
El presidente Abinader ha recibido al menos seis amenazas a través de redes sociales.
