LOS ANGELES.-Un juez de California ordenó el viernes por la noche al gobierno federal que deje de exigir a los funcionarios electorales estatales y locales que separen las papeletas o no cuenten ciertos votos de supuestos no ciudadanos, y que deje de amenazar a los funcionarios con un proceso penal si no cumplen.
El fallo de la jueza de distrito estadounidense Trina Thompson se produjo en respuesta a una demanda presentada el día anterior por sindicatos y otros grupos, que acusaban a la administración Trump de intimidar a los trabajadores electorales de California e interferir en la administración de las elecciones de mitad de mandato.
Este mes , el Departamento de Justicia ha presionado a funcionarios de California para que separen las papeletas de voto por correo de aproximadamente 20.000 personas que, según alega, no son ciudadanas estadounidenses, y ha emitido citaciones del gran jurado para funcionarios del condado de Los Ángeles, como parte de una amplia campaña de la administración Trump. Funcionarios federales también han sugerido durante meses que los trabajadores electorales podrían ser procesados si no impiden que los no ciudadanos voten.
La demanda citaba como ejemplos de conducta ilegal el hecho de que la jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Harmeet Dhillon, enviara cartas a los 50 estados y a Washington, D.C., amenazando con procesar penalmente a los funcionarios electorales locales en julio, y la reciente exigencia del departamento de listas con los nombres de los votantes que creen que posiblemente no sean ciudadanos.
La jueza dictaminó el viernes que es probable que los funcionarios federales hayan violado la prohibición de la Ley de Derechos Electorales de 1965 de «intentar intimidar, amenazar o coaccionar» a quienes ayudan a otros a votar. También afirmó que el gobierno actuó fuera de su autoridad legal o constitucional.
«Una de las características distintivas de unas elecciones justas es la libertad de ejercer el derecho al voto sin amenazas, temor ni intimidación», escribió. «El libre ejercicio del derecho al voto es un principio fundamental de nuestra democracia. Requiere garantías para asegurar la plena participación y la confianza pública en nuestras elecciones».
Thompson también escribió: «Aunque los acusados afirman que sus acciones están diseñadas para detener el voto ilegal de los no ciudadanos, es probable que sus acciones tengan el efecto de interferir con la administración electoral y privar del derecho al voto a los electores legales».
Además de impedir que el Departamento de Justicia amenazara con enjuiciamientos penales o exigiera que los funcionarios separaran las papeletas de votación, Thompson ordenó al Departamento de Justicia que informara al tribunal sobre cualquier solicitud de orden de registro o citación judicial pendiente.
CBS News se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para obtener comentarios.
El fallo se emitió después de que otro juez federal de California rechazara el miércoles la solicitud del Departamento de Justicia para obligar a California a reservar más de 20.000 papeletas para supuestos no ciudadanos. El juez determinó que esto viola «principios constitucionales de larga data» que otorgan a los estados la autoridad para administrar sus propias elecciones. La administración Trump apeló el caso ante un tribunal de apelaciones, que también rechazó el viernes una solicitud para separar las papeletas.
