MADRID.-Barcelona se prepara para recibir al papa León XIV entre el 9 y el 10 de junio con una agenda cargada de actos religiosos, pero también con una respuesta crítica por parte del movimiento laicista. Bajo el lema “Jo no t’espero” (“Yo no te espero”), diversos colectivos han convocado una concentración el martes 9 de junio a las 19:00 horas en el Passeig del Born, coincidiendo con la llegada del Pontífice a Cataluña.
La protesta busca visibilizar el rechazo a que una visita de carácter religioso se financie y organice con recursos e instituciones públicas.
La campaña está impulsada principalmente por la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya y Europa Laica, tres de las entidades laicistas más activas en Cataluña.
La Fundación Ferrer i Guàrdia, heredera del legado pedagógico y librepensador de Francesc Ferrer i Guàrdia, es una de las principales impulsoras junto a Ateus de Catalunya, que defiende la separación estricta entre Iglesia y Estado.
Europa Laica aporta el respaldo estatal. A estas organizaciones se han sumado sindicatos como USTEC-STEs, IAC y CGT, así como otros sectores de izquierda e independentistas. Estos mismos grupos ya protagonizaron protestas similares durante la visita de Benedicto XVI en 2010.
Los convocantes no se oponen a que el Papa realice una visita privada como líder religioso, pero rechazan de forma tajante el trato institucional que se le está otorgando. Consideran que recibirlo como jefe de Estado, con protocolo oficial, recepción en instituciones y presencia en espacios públicos, vulnera el principio de aconfesionalidad del Estado recogido en el artículo 16 de la Constitución.
Denuncian especialmente el uso de fondos públicos para sufragar la visita, cuyo coste total se estima en torno a los 15 millones de euros, de los cuales varios millones corresponden a seguridad, logística, cesión de espacios como el Estadio Olímpico Luís Companys y otras atenciones institucionales. En Cataluña, la Generalitat aportaría alrededor de 1,6 millones de euros a través de la tasa turística.
Los organizadores critican también los privilegios históricos de la Iglesia Católica, como los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, las exenciones fiscales, las inmatriculaciones de bienes y el mantenimiento de conciertos educativos.
Argumentan que en una sociedad cada vez más secularizada, donde cerca del 40% de la población catalana se declara no religiosa, no es aceptable que los impuestos de todos los ciudadanos —creyentes o no— financien actos confesionales. Además, denuncian la ocupación del espacio público, los cortes de tráfico y la transformación de monumentos emblemáticos como la Sagrada Familia en escenarios de un evento religioso financiado públicamente.
En su manifiesto, los convocantes exigen neutralidad institucional, que los representantes públicos no participen en calidad oficial y que no se destinen recursos públicos a la visita. “El Papa puede venir cuando quiera, pero las instituciones no le deberían dar trato de jefe de Estado”, resumen los portavoces. Para ellos, esta protesta es una defensa de la laicidad y una llamada a respetar la pluralidad de una sociedad moderna que ya no se identifica mayoritariamente con la confesión católica.
La concentración del 9 de junio en el Born pretende ser un acto que recuerde que, junto a los fieles que sí esperan al Pontífice, existe una parte significativa de la ciudadanía catalana que no lo hace, al menos no con cargo al erario público.
